El Consejo Fiscal ha considerado que la publicación de los nombres de los defraudadores condenados por sentencia firme podría vulnerar su derecho al honor e intimidad y ha criticado que esta medida se limite a los delitos contra la Hacienda Pública y no a otros de mayor gravedad. De ahí que en su informe al anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, el Consejo Fiscal proponga que se regule el acceso público al contenido de las resoluciones valorando la gravedad de los delitos.
Según el escrito, firmado por la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, lo «más trascendente» es que esta medida se limite «para unos pocos delitos» y no para otros que también reúnen los requisitos de interés público y necesidad, y son castigados con mayores penas, como son aquellos contra la vida, integridad física, libertad sexual o contra la Administración Pública. De esta forma, invita a «hacer una reflexión global sobre todos los tipos penales», delimitando las sentencias que deben ser objeto de publicación.
