Fueron casi quince millones y medio cuando no tenían que haber superado en mucho los trece. Es el importe total de las prejubilaciones que percibieron los seis directivos de la CAM (ver cuadro adjunto) que se marcharon de la caja cuando la entidad ya estaba herida de muerte, lo que no impidió que se garantizasen su futuro con cantidades que oscilaron entre el 1,2 millones que cobró el responsable de inversiones inmobiliarias Daniel Gil y los 5,5 que se embolsó el director general Roberto López Abad. Una cuantía que, según sostiene el magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor de los procesos abiertos en la Audiencia Nacional por la gestión de la caja, se calculó basándose en unas cuentas falseadas que contabilizaban beneficios allí donde sólo había pérdidas, lo que permitió, entre otras cosas, hinchar el importe de esas prejubilaciones. Así lo acaba de plasmar el juez en un auto en respuesta a una aclaración solicitada por el fiscal en la que pedía expresamente que constara este extremo.
El acusador público reclamaba que allí donde el juez (en relación al auto dictado hace dos semanas en el que procesa a ocho exresponsables de la CAM ) señalaba que «la alteración de las cuentas de la CAM supuso que como el devengo de los pagos por incentivos (...) dependía de los resultados obtenidos, los imputados obtuvieron beneficio económico a sabiendas de que no les correspondía, pues conocían perfectamente la situación de la entidad», se precisara que tal situación «comprende también el efecto que el cálculo de estos conceptos tuvo en la determinación de la base que sirvió para fijar el importe de las indemnizaciones por prejubilación pagadas en 2011 a los miembros del comité de dirección».
Y así lo ha hecho Gómez Bermúdez en otro auto dictado hace unos días que viene a completar el de pase a procedimiento abreviado, donde se acuerda seguir las actuaciones contra López Abad, contra su sucesora, María Dolores Amorós, contra el último presidente de la caja, Modesto Crespo, y contra los directores Vicente Soriano, Teófilo Sogorb, Francisco Martínez, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa por los delitos de falsedad contable, apropiación indebida o administración desleal y falsedad en documento mercantil.
En total, López Abad, el exdirector general adjunto Agustín Llorca, el de Recursos Vicente Soriano, el de Participaciones Empresariales Joaquín Meseguer, el director territorial de la Zona Norte Gabriel Sagristá, y el del entramado inmobiliario de la entidad Daniel Gil, percibieron casi 15,5 millones de euros al acogerse a la jubilación anticipada. El informe pericial de PwC señalaba que si no se hubieran tenido en cuenta los incentivos, las pagas de beneficios y las aportaciones al plan de pensiones convencional que la caja pagó indebidamente al hinchar sus resultados, la cantidad se hubiera reducido a 13,3 millones, por lo que cifra el perjuicio económico ocasionado para la CAM en 2,1 millones.
El informe va más allá y asegura que las indemnizaciones de los directivos sólo hubieran sumado 9,9 millones con las condiciones aplicadas al conjunto de trabajadores, lo que supone una diferencia de 5,5 millones.
