Aunque el juicio todavía tardará aproximadamente un año en celebrarse, mientras se presentan los escritos de acusación y defensa, y se resuelven los trámites burocráticos; la decisión del magistrado Javier Gómez Bermúdez del pasado lunes de procesar al expresidente de la CAM, Modesto Crespo, y a siete de los máximos ejecutivos de la entidad por el supuesto falseamiento de sus cuentas y las prejubilaciones millonarias que se adjudicaron es una muestra de que la Justicia también avanza, lenta pero inexorablemente -valga el tópico-, para los antiguos gestores de las cajas españolas. Aquellos que propiciaron la práctica desaparición lo que llegó a ser más de la mitad del sistema financiero español.
Son pocos los que se libran de alguna petición de responsabilidad y la maraña de causas que se investigan, tanto en la Audiencia Nacional, como en los distintos juzgados de instrucción local acumula ya más de 250 imputados de 14 entidades distintas, entre directivos, consejeros y empresarios beneficiados por alguna operación irregular.
Eso sí, hasta el momento todos estos procesos judiciales se saldan con una única condena, una absolución y el archivo de dos de las causas. La condena es la que sufrieron los principales responsables de Caixa Penedés por las prejubilaciones de más de 30 millones de euros que se adjudicaron. Tras devolver la mayor parte de esta cantidad, el juez impuso dos años de cárcel para el expresidente de la caja, Ricard Pagès, y uno para cada uno de los otros tres directivos condenados.
La absolución fue para el expresidente de la CAM, Modesto Crespo; el exdirector general, Roberto López Abad; el expresidente de la comisión de control de la entidad, Juan Ramón Avilés; y otros 18 miembros de este organismo -acusados a título lucrativo-, al considerar el tribunal que las dietas que cobraron fueron legales, dentro de la pieza separada que se instruyó por este motivos. El caso, no obstante, está pendiente de recurso.
Por último, las causas archivada son la que mantenía la Audiencia Nacional contra ocho exdirigentes de Caja España y Caja Duero por las preferentes que emitieron ambas entidades entre 2009 y 2010 al no hallar indicios de estafa ni publicidad engañosa; y la que abrió un juzgado pamplonés por las dietas que cobraron los consejeros de Caja Navarra sin ni siquiera asistir a las reuniones y en la que se vio envuelta la presidenta de esta comunidad, Yolanda Barcina.
El resto de procesos abiertos contra los responsables de las antiguas cajas sigue abiertos, en una fase más o menos avanzada, como se relata a continuación.
Novagalicia
Los próximos en sentarse en el banquillo serán los antiguos responsables de las cajas gallegas, que se enfrentan a una petición de tres años de cárcel por las prejubilaciones millonarias que cobraron indebidamente varios de sus directivos, y con las que se repartieron casi 19 millones de euros. Si no hay ningún retraso de última hora, el juicio comenzará el próximo 18 de mayo y está previsto que se prolongue hasta el 9 de julio, informa J. Pérez. Los seis acusados son el excopresidente de Novagalicia Julio Fernández Gayoso, el exdirector general de la entidad, José Luis Pego; y los ejecutivos Javier García de Paredes, Gregorio Gorriarán y Óscar Rodríguez Estrada; además del abogado Ricardo Pradas. La maniobra consistió, supuestamente, en mejorar los contratos de los directivos justo antes de la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia para preparar su posterior salida de la nueva entidad en mejores condiciones de las que les correspondían y todo ello, según el juez instructor, a espaldas del consejo de administración de las citadas entidades. Se les acusa de apropiación indebida.
Aparte de esta causa, la Fiscalía también investiga nueve operaciones sospechosas que habrían realizado los antiguos responsables de la entidad con diferentes empresas y que el FROB denunció al considerar que estaban fuera de toda racionalidad económica. El fondo público calcula que estas operaciones habrían ocasionado un quebrando de 810 millones de euros a la entidad.
Novagalicia tuvo que ser nacionalizada en 2011 y posteriormente vendida al grupo venezolano Banesco, que ahora opera la red con el nombre de Abanca. El Estado ha perdido 8.269 millones con este rescate.
Caja Castilla-La Mancha
También se encuentran ya muy cerca del banquillo el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y el exdirector general de la misma, Ildefonso Ortega, contra los que ya se ha decretado la apertura de juicio oral por falseamiento de cuentas y administración desleal. La Fiscalía pide para ellos dos años y seis meses de cárcel, aunque las acusaciones particulares elevan esta petición hasta los cinco años y medio. El juez les impuso una fianza solidaria de 138,2 millones de euros al identificar hasta cinco operaciones fallidas en las que ambos procesados participaron.
CCM fue la primera caja intervenida tras el estallido de la crisis. El Banco de España destituyó a sus gestores en marzo de 2009 y posteriormente la adjudicó a Cajastur, que ahora forma parte de Liberbank. Recibió 6.000 millones en ayudas.
Caixa Catalunya
Otra de las causas que ya ha finalizado su instrucción y que está pendiente de juicio es la que abrió un juzgado de Barcelona contra 41 exconsejeros y exdirectivos de Caixa Catalunya -entre ellos, el expresidente de la entidad y exvicepresidente del Gobierno, Narcís Serra- por aprobar sobresueldos para los ejecutivos cuando la situación económica de la entidad ya era más que cuestionable y estaba a punto de recibir la primera inyección de dinero público del FROB. Este mismo juzgado, el de Instrucción número 30 de Barcelona, tiene abiertas otras dos piezas separadas por sendas operaciones urbanísticas -una en Murcia y otra en Lleida- más que dudosas. Además, el propio FROB, que acabó interviniendo la entidad en 2011, también ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción al menos otras 17 operaciones sospechosas, que habrían causado un agujero de 900 millones a la entidad.
Catalunya Caixa fue finalmente adjudicada al BBVA, tras dos intentos fallidos de subasta, con unas pérdidas para el Estado de más de 11.500 millones de euros.
Bankia
Es la entidad que más imputados acumula y de más renombre. Además, del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, en las diferentes piezas abiertas por las irregularidades encontradas en la gestión del banco están siendo investigados los exministros Ángel Acebes y Virgilio Zapatero, o el expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas. En la causa principal, la que investiga la salida a Bolsa y posterior fiasco de la entidad, el juez mantiene imputados a 33 exdirectivos y exconsejeros, mientras que por el caso de las tarjetas opacas al fisco son 64 los que tienen esta consideración, después de que se haya archivado la causa contra 14 de los beneficiarios por haber prescrito el posible delito. Ambas causas siguen en fase de instrucción.
A las dos piezas principales hay que sumar otra investigación por la emisión de preferentes y también por las subidas de sueldos de algunos directivos. Por si fuera poco, la propia Bankia ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción hasta 47 expedientes por diversas operaciones inmobiliarias o empresariales en las que participaron las cajas que dieron lugar a la entidad. Entre estas destacan los relativos a la construcción del Nuevo Mestalla en Valencia, Terra Mítica o los negocios que realizó Bancaja con los empresarios Juan Ferri y José Baldó para promover miles de viviendas en México. También las relaciones de esta entidad con el empresario ilicitano Ramón Salvador o la inversión realizada en el Plan Rabasa de Alicante junto al empresario Enrique Ortiz.
Bankia tuvo que ser rescatada por el Estado tras detectarse un agujero de más de 22.000 millones de euros en sus cuentas. En la actualidad, el FROB continúa siendo su máximo accionista.
Banco de Valencia
La antigua filial de Bancaja, que canalizaba buena parte de las inversiones inmobiliarias del grupo valenciano, es otra de las entidades que más investigaciones acumula. En este caso, fueron los accionistas minoritarios del banco, agrupados en la asociación Apabankval, los que promovieron la primera querella por el supuesto falseamiento de las cuentas del año 2009, que supuso la imputación de todo el consejo y de su expresidente, el ya citado, José Luis Olivas. En total 14 personas.
A ello hay que sumar otras siete querellas promovidas por el FROB y en las que, además de los ejecutivos del banco, están implicados al menos otra quincena de empresarios que, supuestamente, se beneficiaron de su relación con la entidad. Entre estas querellas está la que investiga la concesión de créditos al presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig, para hacerse con el control de esta firma, o las relacionadas con el empresario Ramón Salvador, que también se analizan en la pieza de Bankia. Todas siguen en fase de instrucción, aunque algunas estarían próximas a su finalización.
El Banco de Valencia fue adjudicado a CaixaBank con unas ayudas de 5.500 millones.
Banca Cívica
Hasta 15 exconsejeros de la entidad surgida de la fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y la andaluza Cajasol, incluido su expresidente, Enrique Goñi, se están bajo sospecha por la ruinosa salida a Bolsa que protagonizó el grupo, que acabó en manos de la Caixa. El caso llegó a estar archivado, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó su reapertura el pasado mes de noviembre.
Cajasol
El expresidente de la entidad andaluza, Antonio Pulido, y otros cuatro exdirectivos están imputados por una presunta estafa en la venta de unos terrenos.
Caja Segovia
Un juzgado segoviano investiga las jubilaciones millonarias que la entidad fundadora de Bankia concedió a sus directivos antes de la fusión. Son 16 los imputados, entre ellos el expresidente de la entidad, Atilano Soto.
Caja Inmaculada
La entidad aragonesa denunció a su exdirector general Tomás García Montes y a otros dos exdirectivos por causar un agujero de 12 millones.
Caja Duero
La excúpula de la caja, con su expresidente Julio Fermoso a la cabeza, están implicados en el denominado «caso Nozar» por la compra ruinosa de un edificio en Madrid.
Caja España
El juzgado número 5 de León acaba de imputar a todo el antiguo consejo de administración de la caja por los créditos que concedieron, entre otros, al expresidente de la entidad, Santos Llamas.
CAM
Y, por supuesto, la propia CAM acumula otras seis causas pendientes, además de la que ya fue juzgada en febrero y de la pieza principal que acaba de finalizar su instrucción. Se trata de las que investigan la venta y comercialización de participaciones preferentes y cuotas de la entidad; la que analiza la legalidad de las dietas de más de 600.000 euros que se embolsó el expresidente Modesto Crespo; la que sigue el rastro los negocios que realizó la CAM en el Caribe junto a los empresarios benidormís Juan Ferri y José Baldó; la que cuestiona las operaciones realizadas con Hansa Urbana; y la que trata de dilucidar la legalidad de varios «pelotazos urbanísticos». El total de imputados supera ampliamente al treintena.
