La reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que obliga al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a pagar todas las solicitudes que se resuelvan y que superen los tres meses que marca la ley -ya que «debe entenderse estimada por silencio positivo»- tendrá importantes consecuencias presupuestarias para las arcas de este organismo público en la Comunidad Valenciana. La entidad dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, encargada de abonar salarios e indemnizaciones de trabajadores afectados por despidos de empresas insolventes o en concurso de acreedores, tiene previsto desembolsar en 2015 alrededor de 100 millones de euros en la autonomía que corresponden a unos 11.200 expedientes y 15.200 empleados.

Este desembolso económico se podría duplicar a lo largo de este año ya que los casos resueltos representan alrededor de la mitad de los acumulados. El período de tiempo medio de resolución en la Comunidad Valenciana supera con creces el plazo que marca la ley y que acaba de ratificar el Supremo, según aseguran fuentes del CSI·F y del Sindicato Independiente (SI). En la mayoría de las provincias españolas el período de espera hasta recibir las prestaciones supera los tres meses y en algunas como Madrid, Barcelona, Valencia o Murcia llega a ser de un año.

La Comunidad Valenciana ha sido una de las más afectadas por los retrasos del Fogasa desde el inicio de la crisis económica. De hecho, el Ministerio de Empleo -tras contratar al grupo Tragsa- consiguió resolver a finales de 2014 el monumental atasco de 18.237 expedientes de pagos de nóminas e indemnizaciones que incluían a 24.049 trabajadores valencianos. Entonces, el Ejecutivo central autorizó una operación de crédito extraordinario de 954,4 millones para poder hacer frente a sus deudas en toda España.

Los habituales retrasos por parte del Fogasa en el abono de salarios e indemnizaciones a trabajadores valencianos han desbordado los juzgados de lo Social en estos últimos tiempos por la multitud de casos. A principios de 2015, un juez condenó a la entidad estatal a pagar intereses por la demora en la resolución de un expediente. Además, el juzgado de lo Social número 15 de Valencia, tras una denuncia presentada por el Sindicato Independiente, condenó al Fogasa en julio de 2014 a pagar el dinero reclamado por dos trabajadores de una empresa en crisis porque desestimó la petición al cabo de diez meses de haber sido efectuada.