El exdirector general adjunto de Bancaja José Cortina negó ayer su participación en la aprobación de las operaciones de esta entidad y del Banco de Valencia con el grupo del empresario ilicitano Ramón Salvador, de las que señaló que, aunque eran de «muchísima cuantía», no destacaban del conjunto de las que se llevaban a cabo. Cortina declaró ayer como imputado por un delito de apropiación indebida ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por el supuesto desvío de fondos del Banco de Valencia al grupo de Salvador, con el que la cúpula de la entidad pudo causar un agujero de 120 millones.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, el también expresidente de Bancaja Hábitat se desvinculó de las decisiones relacionadas con estas operaciones, de las que aseguró que, aunque de «muchísima cuantía», no eran «nada especial» en comparación con tantas otras que se llevaban a cabo.

Por esta misma causa declaró el pasado miércoles el expresidente del Banco de Valencia y Bancaja José Luis Olivas, quien negó también su responsabilidad en la aprobación de las operaciones.

Según un informe del regulador de junio de 2013, el Banco de España advertía de que la inversión en la inmobiliaria del empresario ilicitano, que ascendió a 369 millones, causó al grupo financiero en sus cuentas a diciembre de 2012 un «quebranto» de 303 millones, el 82% del total de la inversión. Pero Olivas, sobre el que pesa una fianza solidaria de 800 millones junto a otros cinco imputados en el «caso Bankia», contestó que estas cifras no le parecieron «muy significativas», apelando a que el deterioro de la situación económica afectó al sector bancario en general, con lo que las supuestas pérdidas sufridas fueron en realidad «depreciaciones».

Según la querella que interpuso el Banco de Valencia contra su antigua cúpula, los exresponsables de la entidad pudieron causar «un perjuicio mínimo de 120 millones de euros» mediante diversas operaciones «de dudosa racionalidad económica» con el grupo inmobiliario de Ramón Salvador. El escrito sostiene que la entidad y el empresario crearon una sociedad, H2018, con el único objetivo de solucionar los problemas financieros del empresario ya que dicha sociedad supuestamente le compró activos a un precio muy superior al real.