En el año 2010, a raíz de los datos aportados por Hervé Falciani a los gobiernos español y francés, la Agencia Tributaria abrió expedientes contra los titulares españoles de las cuentas en la filial helvética del banco HSBC.
En este sentido, la Conselleria de Hacienda y la Dirección General de Tributos de la Generalitat, avisadas por el Ministerio de Hacienda, se puso en contacto con las familias valencianas relacionadas con la lista Falciani con un objetivo: exigir la regularización de su situación fiscal, en el caso de que aún no lo estuvieran. Los requerimientos mandados a las personas vinculadas con las cuentas opacas en el HSBC subrayaban que debían actualizarse los tributos referentes al IRPF, el Impuesto de Sociedades y el de Patrimonio, tal como desveló entonces INFORMACIÓN.
A día de hoy, cinco años después de que la Generalitat emitiera aquellas peticiones, ninguno de los valencianos relacionado con cuentas en el HSBC se halla fuera de la ley. Al respecto, fuentes de la Conselleria de Hacienda confirmaron a este diario que en aquel entonces se realizaron «las actuaciones correspondientes» y que acabaron «incluyendo a los contribuyentes correspondientes en el plan de inspección», los cuales «ya presentaron las autoliquidaciones complementarias». La administración autonómica inició estas actuaciones porque era la responsable de recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio.
El Fisco reclamaba a los titulares de las cuentas sospechosas las cantidades relativas a los ejercicios de ????, ????, ???? y ????, puesto que la información contenida en los documentos sustraídos por el exinformático del HSBC de Ginebra sólo hacían referencia a los datos bancarios de los años 2006-2007.
