En pleno revuelo por los datos que acerca de sus relaciones con Bancaja se están desvelando, los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó se encuentran a la espera de que se resuelva su última petición sobre el levantamiento de las medidas cautelares dictadas en otro proceso: el abierto por los negocios que montaron con la CAM en el Caribe a través de la participada Valfensal. Los dos empresarios hoteleros han vuelto a reclamar al magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor de este procedimiento en el que ambos están imputados, que les devuelva los pasaportes y les permita viajar a México para así poder atender sus negocios.
Ferri y Baldó apoyan su petición en el hecho de que han cumplido con todos los requerimientos que les ha realizado el magistrado desde que en diciembre de 2013 prestaran declaración y Gómez Bermúdez acordara su ingreso en prisión eludible con el pago de siete millones de euros cada uno, sin admitir propiedades como forma de pago. Catorce millones en total que los empresarios apenas tardaron unos días en reunir tras vender una parcela en la República Dominicana, lo que no impidió que estuvieran en la cárcel hasta que pudieron disponer del dinero.
No obstante, con el recurso presentado ante la Audiencia contra estas medidas cautelares lograron que las fianzas se redujeran a 1,5 millones cada uno, el mismo aval impuesto al exdirector general de la CAM Roberto López Abad, imputado también en este proceso junto a su hombre de confianza en la caja en cuestiones inmobiliarias Daniel Gil, que tuvo que pagar 400.000 euros para salir de prisión.
Lo que no consiguieron en ese momento fue espaciar las comparecencias en el juzgado, que Gómez Bermúdez fijó diarias. Algo a lo que posteriormente accedió la Audiencia, que acabó estableciéndolas cada quince días, como en el caso de López Abad y Gil.
El mayor engorro
Con todo, es la retirada del pasaporte y la imposibilidad de viajar a México lo que peor llevan los empresarios, habituados como estaban a pasar largas temporadas en aquel país, donde tienen una buena parte de sus negocios. Los dueños del grupo Mar Confort mantienen que sin su gestión directa corren peligro los miles de puestos de trabajo que generan sus empresas y que ya han demostrado, dicen, que no van a fugarse.
Son ahora las partes, a las que se les ha dado traslado de esta petición, las que tienen que pronunciarse. Después Gómez Bermúdez ha de decidir si accede o no a este petición.
Precisamente los negocios inmobiliarios de la CAM llevan de nuevo la próxima semana ante el magistrado a López Abad y a Gil, tal y como este diario publicó la semana pasada, después de que se hayan abierto dos piezas separadas para investigar la financiación de la caja al grupo Ballester y las relaciones de la entidad con Hansa Urbana.
