Ni los antiguos miembros de la comisión de control de la CAM, ni los dos principales acusados en el caso -el expresidente de este organismo de supervisión de la caja Juan Ramón Avilés y el exdirector general de la entidad Roberto López Abad- podían ocultar ayer su alegría tras una sentencia que les exonera por completo y que ha supuesto todo un revés para la Fiscalía y las acusaciones particulares y popular presentes en las distintas causas que se instruyen por la quiebra de la caja alicantina. Eso sí, mientras que entre los primeros la sensación era más bien de alivio por no tener que devolver las dietas y poder olvidarse ya de un asunto que casi consideran ajeno; los dos segundos transmitían un claro sentimiento de victoria en su voz y su actitud, y eso a pesar de que López Abad tan sólo aceptó hablar con este diario para declinar cualquier declaración oficial al respecto.
A juicio del exdirectivo, que se enfrentaba a una posible pena de cuatro años de prisión, la sentencia ya resulta sucificientemente clara. No en vano el fallo le desvincula de la creación del sistema que permitió a los miembros de la comisión de control recibir suculentas dietas de la filial inmobiliaria de la caja, una responsabilidad que atribuye al consejo de administración. Tampoco quiso valorar si esta sentencia le beneficiará de cara al resto de piezas en las que está imputado.
Por su parte, Juan Ramón Avilés, al que la Fiscalía acusaba de haber simulado la venta de una sociedad a su hermana para esquivar los controles del Instituto Valenciano de Finanzas sobre los créditos que tenía concedidos -algo que el tribunal considera que no se ha probado-, señaló ayer que la sentencia «ha confirmado lo que vengo defendiendo desde hace dos años y medio». Es decir, que no cometió ninguna irregularidad.
«Se ha hecho Justicia», señaló el expresidente de la comisión de control, quien desde un principio vincula su procesamiento a los enfrentamientos que tuvo con el Banco de España y con los administradores provisionales de la CAM designados por el FROB, organismo al que ha denunciado. ante los tribunales. Sin entrar en más detalles del caso, sí que quiso dar «gracias a Dios» y reconocer el trabajo realizado por su hijo, Ginés Avilés, que se ha encargado de su defensa.
«Nunca se ocultaron»
Por su parte, los beneficiarios de las dietas mostraron su satisfacción por el fallo y creen probado que las dietas que recibieron no fueron ilegales, aunque lo cierto es que la sentencia ni siquiera llega a valorar este extremo. Simplemente, al no poder atribuir un delito a nadie por la absolución de López Abad, tampoco puede haber partícipes a título lucrativo, la figura bajo la que estaban procesados. Así, para el sindicalista César Estrada, el fallo deja claro que «no hubo nada ilegal. Puede gustar más o menos lo que se hizo, pero todo fue correcto». Estrada recordó que, en su caso, entró en la comisión de control en 2010, cinco años después de que se aprobara que sus miembros también cobrarían por estar en una comisión de seguimiento de la filial inmobiliaria TIP y también que estas remuneraciones eran conocidas por el IVF, el Banco de España «y tributaban a Hacienda». Nada que ver «con las tarjetas black».
En la misma línea, el también exmiembro de la comisión y actual presidente de la Cámara de Comercio, José Enrique Garrigós, insistió en que «se ha hecho Justicia» y aseguró que nunca estuvo en la CAM «para ganar dinero». Así, recuerda que, a pesar de lo que recibió en dietas, perdió casi el doble al invertir en cuotas de la entidad.
También la exsecretaria de la comisión de control de la caja Asunción Martínez mostró su «satisfacción» por la decisión judicial, que evita que deban devolver el dinero que cobraron por esta vía. Por último, el también exmiembro de este organismo de la CAM Juan Espinar insistió en que todo fue correcto «porque lo aprobó el consejo de administración» y defendió que la comisión de seguimiento de TIP tenía una función real y no era un simple paripé para que cobraran.
