Cuando el sector de la obra pública en la Comunidad Valenciana pensaba que ya había tocado fondo, que no se podía caer más, viene la realidad y demuestra todo lo contrario. Así lo pone en evidencia el informe de licitación pública de 2014 que acaba de hacer público la Cámara de Contratistas. Las cifras no pueden ser más elocuentes: las inversiones en obra pública en el conjunto de las tres provincias volvieron a bajar al cierre del ejercicio pasado, en un 2,69%, y acumulan una caída del 88,48% desde 2007. Lo peor es que estos datos contrastan, y mucho, con lo que se ha vivido en el último año en el conjunto de España. No sólo se trata de que el desplome registrado en lo que a inversiones se refiere entre 2007 y 2014 está en el 67,51%, muy por debajo de los números registrados en la Comunidad, sino que, además, el gasto en infraestructuras aumentó, en el cierre anual, en un nada desdeñable 42,9%. La cosa no queda ahí. Mientras las licitaciones de la Administración central subieron en un 56,3% de media en España, en la Comunidad se alcanzó una cifra similar, pero en sentido contrario: el Gobierno de Rajoy inyectó en las tres provincias un 59,84% menos que en 2013. Ante ello, desde la Cámara de Contratistas, no hacen más que constatar la realidad, una dolorosa realidad, cuando califican la situación de «desastre» y denuncian el «abandono» que persiste en la Comunidad.
El documento es muy revelador, y deja claro que «no es de recibo que la licitación pública en la Comunidad Valenciana -sumatorio de las licitaciones de las tres administraciones: central, autonómica y local- suponga tan sólo el 4,37% de la licitación total nacional, y que la Administración central haya licitado en 2014 en la Comunidad Valenciana tan sólo el 2,18% del total licitado por la Administración General». En cifras absolutas, de los 6.262 millones de euros que destinó el Estado a obra pública, esta autonomía se tuvo que conformar lamentablemente con 136,834 millones, en lo que ya es la inyección más baja desde que empezó la crisis. Es cierto que en 2014 se incrementaron las aportaciones del Consell, las diputaciones y los ayuntamientos, arrastradas en parte por la inminente cita con las urnas, lo que ha llevado a que haya más movimiento. Sin embargo, esas subidas se vieron lastradas por las inversiones estatales, de forma que el balance final que resulta de la suma de licitaciones de todas las administraciones sigue siendo negativo.
Por administraciones, los contratistas destacan el esfuerzo que han hecho ayuntamientos y diputaciones, que, de hecho, han sido las entidades que han logrado movilizar la mitad de lo invertido en infraestructuras productivas, y han visto incrementarse sus dotaciones hasta un 108,31%. Ahora bien, hasta la Generalitat, pese a la complicada situación en la que se encuentra, ahogada por la infrafinanciación, el déficit y la deuda, licitó más que el Gobierno central, con la rehabilitación de centros educativos y la licitación de otros nuevos, algunas infraestructuras sanitarias o las obras del Tram entre Altea y Calpe.
Para los contratistas, la situación se puede resumir con términos como los de «desastre», «abandono», «marginación». Por ello, inciden en que es necesario «romper el maldito círculo virtual», incrementando la inversión en la Comunidad por parte de todas las administraciones. Para ellos, la ecuación es muy clara: a menores ingresos, mayor déficit. A su juicio, sólo con inversiones se logrará la recuperación económica, mejorar la competitividad y crear empleo.
No en vano, los empresarios del sector de la obra pública, sin ir más lejos, tachan de «cansino» que el Ejecutivo se escude, cuando se habla del Corredor Mediterráneo, en que en los presupuestos generales del Estado de 2015 se incluye una dotación de 1.359 millones, cuando ya vencido 2014, han dejado de invertirse en Adif unos 628 millones contemplados en los presupuestos de ese año. Dejan así entrever que no sólo se trata de que, sobre el papel, se destine poco a la Comunidad, sino que lo poco previsto tampoco llega.
Ante ello, desde la Cámara de Contratistas creen que es del todo imprescindible crear una comisión mixta en la que estén Adif, el Consell y el empresariado de la Comunidad para conocer de primera mano los problemas técnicos, las interferencias con Renfe, las dotaciones económicas y la planificación detallada de cada una de las actuaciones en marcha en la Comunidad en cuanto al Corredor Mediterráneo, pero también en cuanto al AVE regional Castellón-Valencia-Alicante. Ahora bien, dejan claro que no les vale con crear la comisión y ya. Quieren un seguimiento trimestral y que el grupo de trabajo esté coordinado por la propia Conselleria de Infraestructuras y Territorio.
Los empresarios incluso critican que, desde que llegó a Rajoy al Gobierno y Ana Pastor al Ministerio, la situación, lejos de mejorar, va a peor. Por ejemplo, alertan de que, pese a que el tráfico que soportan las carreteras del Estado en la Comunidad es el doble al del tráfico medio en España, 21.868 vehículos al día frente a 12.318, Fomento sólo ha invertido aquí en los últimos cinco años el 6,52% de su licitación, y, desde que están Rajoy y Pastor, se ha bajado al 4,5%. Las cosas este año no serán mejores. El Ministerio sólo contempla para las carreteras de la Comunidad en los presupuestos de 2015 el 6,35% de lo proyectado para todo el territorio nacional.
