En la inexistencia de delito, en que todos los miembros de la comisión de control de TIP cobraban por la actividad que realizaban y en que, de haber algún tipo de responsabilidad, sería disciplinaria, no penal, coincidieron ayer las defensas de los 18 acusados en este proceso como partícipes a título lucrativo. Uno de los abogados aseguró que «nos ha traído aquí por los pelos», en referencia a la presencia en en la causa de los componentes de este órgano, de quienes dijo que «se les retribuyó por unos servicios dentro de la libertad de pactos».
La defensa del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós, apuntó que su cliente nunca hubiera participado en lo que el fiscal definió como «el que va a escuchar una conferencia y cobra por ello». Y matizó que «lo que percibió, a lo que hay que restar un 35% del IRPF, lo destinó a cuotas participativas, que ahora valen cero euros. ¿Qué tiene que devolver entonces?», preguntó.
Las defensas cuestionaron «qué interés podía tener López Abad en pagar más a los miembros de una comisión que iban cambiando y se que se elegían por sorteo» y enfatizaron que sus clientes sí que ejercieron la labor de fiscalización que tenían encomendada, «aunque si se les reclama que devuelvan lo que cobraron porque no cumplieron con su tarea, por idéntico razonamiento se le puede pedir lo mismo a los inspectores del Banco de España que llevaban años inspeccionando la caja y no detectaron nada», apuntó uno de ellos. Todos plantearon la absolución y la condena en costas a la acusación particular y algunos alegaron también que los hechos en muchos de los casos estarían prescritos.
