A las 18,15 horas de ayer quedó visto para sentencia el primero de los juicios que por la gestión de la CAM se celebra en la Audiencia Nacional. Después de cinco sesiones, la de ayer estuvo copada íntegramente por las defensas, entre la que destacó la que en representación de quien fuera director general de la caja durante una década, Roberto López Abad, ejerce el penalista Javier Boix. En un tono didáctico, que él atribuye a su faceta como catedrático, arrancó el letrado criticando la presencia de su cliente en este proceso en el que se le metió, dijo utilizando una expresión en su lengua materna, «de calbot», es decir, a última hora, sin venir a cuento y con el único objetivo, remarcó, «de mantener la competencia de la Audiencia Nacional».
Tras arremeter contra las acusaciones por la «inconcreción» de sus argumentos contra López Abad (a quien se le atribuye haber creado una comisión de control en una filial de la CAM con el mero objeto de pagar más a sus miembros, que eran los mismos que los de este órgano de la caja), Boix reiteró no sólo la inexistencia de delito en los hechos que se imputan a su cliente sino que volvió a cuestionar la legitimidad de la CAM y del Fondo de Garantía de Depósitos como perjudicados en el caso de que el tribunal no estimara la petición de absolución para López Abad, de la que el interesado parece no albergar dudas.
Boix cuestionó qué interés podía tener López Abad en montar una comisión «de la que él no ha cobrado ni un euro» y apenas si pronunció el nombre de Vicente Sala, a quien en su declaración de hace apenas unas semanas el ex director general atribuyó la idea de crear este órgano, salvo para elogiar una honorabilidad «de todos conocida». Y fue en este punto donde soltó que fue el consejo de administración de la caja el que dio luz verde a la polémica comisión de seguimiento y control de TIP. «¿Dónde se encuentran los que tomaron el acuerdo? se preguntó. Los autores no están a aquí (dijo por la sala donde se estaba celebrando el juicio) y se pretende hacer partícipe a López Abad. ¿Cómo vamos a hablar de participación criminal, que no la hay, sin autores, que están vivos?, recalcó en alusión a los miembros del consejo de administración.
En otro momento de su informe, el letrado precisó que a su cliente se le había atribuido más responsabilidad de la que en realidad tenía, que se limitó a cumplir con su papel de director general y ejecutar lo que le encargaba el presidente y que hacer otra cosa hubiera sido desleal. Boix también enfatizó que durante el juicio no había quedado probado que su cliente fuera administrador de hecho, que ni tan siquiera tenía voto en el consejo y que, además, el acuerdo por el que se creó esta comisión fue legal y de él se informó a todos los organismos que tenían que saberlo. Para Boix, «no es que la acusación contra mi cliente sea débil, es que no la hay», sentenció.
En los mismos términos, en cuanto a la ausencia de una acusación sólida y de la falta de un perjuicio concreto, se manifestó Ginés Avilés, quien defiende a su padre, Juan Ramón, de la imputación de simular la venta de una sus sociedades a su hermana para ocultar la situación de morosidad y de haber utilizado su cargo como presidente de la comisión de control de la caja para obtener un trato preferente en sus relaciones comerciales con la entidad. Avilés hijo desmintió que la venta de acciones de la mercantil La Vereda de Sucina por parte de su padre a su tía buscara ocultar a la entidad de ahorros la situación financiera en que se encontraba, afirmó que la caja sabía que Avilés seguía vinculado a esta sociedad y negó que ninguno de sus préstamos entrara en mora.
Mantuvo también el letrado que la caja aprobó todas sus operaciones y restó importancia a que, como presidente de la comisión de control, no se abstuviera cuando se abordaban sus préstamos, de los que dijo que eran legales y en los que aseguró que no tuvo ninguna participación.
Sobre la novación de unos de ellos, que calificó de «correcta en las fechas que se produjo», retó el letrado (acusado también como partícipe a título lucrativo) a que se dijera quién había sido el perjudico tanto por esta operación como por la venta de las acciones a su tía, acusada también por estos hechos en los mismos términos que su sobrino. Avilés hijo reiteró que había garantías hipotecarias suficientes y criticó que a su padre, para el que también pidió la absolución, se le esté acusando «por meras conjeturas».
