Cuando se cumplen tres años de su aprobación por parte del Consejo de Ministros, el 10 de febrero de 2012, el balance de la reforma laboral sigue arrojando datos negativos en la provincia. La notable mejora que ha experimentado el empleo en Alicante durante el último año aún no es suficiente para compensar la destrucción de puestos de trabajo que se produjo durante los dos primeros ejercicios de su aplicación y, a día de hoy, todavía hay en la demarcación 6.600 ocupados menos de los que existían cuando el PP ganó las elecciones generales, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa.
De hecho, si se mira en perspectiva y se comparan los resultados de la EPA del cuarto trimestre de 2011 con los del mismo periodo de 2014, tan sólo el autoempleo y la ocupación a tiempo parcial -los famosos «minijobs» que se han puesto tan de moda«minijobs»- mejoran sus cifras en este tiempo, frente al retroceso del empleo asalariado y a jornada completa.
Lo más llamativo del caso es que el Gobierno sí que puede anotarse en su haber una considerable reducción del número de parados de la provincia, que ha pasado de 234.000 a 221.500 en estos tres años, aunque esta caída no se debe a la creación de nuevos puestos de trabajo, sino a un incremento del número de personas que salen del mercado laboral, ya sea porque se jubilan o porque deciden abandonar la búsqueda activa de empleo por desánimo o para dedicarse a las tareas del hogar.
Por el contrario, como decíamos, el número de ocupados sigue siendo menor -al finalizar 2011 había 674.300 y en 2014 se contabilizaban 667.700- y también ha empeorado la calidad de dicha ocupaciónempeorado la calidad . Así, mientras que el número de alicantinos que trabaja a tiempo completo ha disminuido en 20.700, el de aquellos que tienen un empleo por horas o a media jornada se ha incrementado en 14.100.
Del mismo modo, desde la llegada del PP al poder y la aprobación de la reforma laboral no ha dejado de crecer el volumen de alicantinos que trabajan por cuenta propia, ya sea por vocación o por necesidad. Ya alcanzan los 140.200 frente a los 115.700 de hace tres años. En el lado opuesto y a pesar de la remontada que se ha registrado en el último año, el número de trabajadores por cuenta ajena o asalariados aún es inferior en 31.100 personas al que existía entonces.
En todos los casos, la gráfica suele mostrar la misma tendencia: un desplome de la actividad y el empleo en 2012, en los meses inmediatamente posteriores a la entrada en vigor de la reforma; una cierta estabilización a partir de la segunda mitad de 2013, y una recuperación a partir de 2014. Para el Gobierno esto indica que sus medidas lograron frenar la caída y ahora están facilitando la recuperación, mientras que los sindicatos sostienen que la reforma sólo consiguió agravar la crisis y que la mejora actual -que minimizan- se produce «a pesar de» los cambios legislativos.
Además, denuncian otros efectos perniciosos de la reforma, como la caída de los salarios que ha provocado. «Hay un claro empobrecimiento de los trabajadores, que han quedado desamparados frente a los empresarios, que ahora lo tienen mucho más fácil para cambiar las condiciones laborales o despedirlos. Tener un empleo ya no significa salir de la pobreza», recuerda la responsable del área de UGT en l'Alacantí, Yaissel Sánchez. «Ha sido una reforma laboral al servicio de las empresas -insiste también José María Ruiz Olmos, desde CC OO-. Como no conseguían que la banca les diera crédito, han precarizado el empleo para ahorrarse costes. La clase trabajadora ha hecho de prestamista de las compañías».
Por el contrario, desde la patronal Coepa se muestran convencidos de que la reforma laboral es uno de los pilares sobre los que se asienta la recuperación y su presidente, Moisés Jiménez, recuerda que tradicionalmente era necesario que la economía creciera a un ritmo muy superior al actual para que se creara empleo. A su juicio, la reforma ha logrado dar a las empresas la «flexibilidad» que necesitaban para ir adaptando sus plantillas a las circunstancias económicas y, en todo caso, echa en falta que no haya tenido continuación. «Se nos dijo que era una primera parte y no ha sido así, se ha quedado a medias. Sería necesario simplificar más la contratación y eliminar algunas inseguridades jurídicas», apunta.
