Tres años y medio después de la intervención de la CAM por el Banco de España ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional el primer juicio de los cinco procesos que hay en curso por la gestión de la entidad que llevó a su desaparición y que ha obligado al Fondo de Garantía de Depósitos a tapar el agujero con una inyección millonaria cuyo monto total aún está por concretarse.

Es la primera vez que quien fuera el máximo responsable ejecutivo de la caja durante una década, Roberto López Abad, se sienta en el banquillo de los acusados. La primera, pero no la última. Sobre su cabeza pesan de momento otras tres imputaciones más: las que se han derivado de las causas abiertas por el supuesto falseamiento de la cuentas de la entidad, la que se sigue por los negocios de la caja en el Caribe y la iniciada recientemente por el pago al expresidente de la CAM Modesto Crespo de 640.000 euros en dietas.

El abogado de López Abad, Javier Boix, había pedido al inicio del juicio que se apartase a la CAM y al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de la acusación con el argumento de que la supuesta perjudicada es una de las filiales inmobiliarias de la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). Boix también cuestionó la pericial de un inspector del Banco de España porque "no es ajeno" a este asunto.

Tanto Boix como el letrado de Avilés insistieron al comienzo de la vista en que el único perjudicado sería el Sabadell, no la CAM. El abogado de José Enrique Garrigós se sumó a los planteamientos de los defensores de López Abad y Avilés, que pretendían apartar a la CAM del proceso.

Por su parte, el abogado de la CAM y del FGD defendió la legitimación de sus clientes porque la CAM "es la única ofendida" por la actuación de los acusados y porque el FGD "tuvo que asumir las pérdidas antes de vender la caja al Sabadell".

Finalmente, la Audiencia Nacional ha acordado que tanto la CAM como el FGD están legitimados como acusación y se declara competente para juzgar el caso. Avilés había planteado que este tribunal no lo era.

López Abad se enfrenta a una petición de penas que va de los cuatro años de prisión que reclama la Fiscalía a los seis que solicita la acusación particular, lo que conllevaría, en caso de sentencia condenatoria, su ingreso en prisión. Al ex alto ejecutivo se le imputa haber ideado una estrategia para abonar dietas sin ninguno tipo de limitación a los miembros de la comisión de control de la CAM, donde sí existían esos frenos, mediante la creación de un órgano similar en una de las filiales inmobiliarias de la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones.

Junto a él se sienta hoy el expresidente de la comisión de control Juan Ramón Avilés, a quien las acusaciones no sólo le piden cuentas por el cobro de estas dietas sino también por las refinanciaciones fuera de toda lógica económica que el empresario murciano logró de la caja para sus empresas sirviéndose, mantienen, del cargo que ocupaba. Se le acusa además de haber simulado la venta de una de sus sociedades a su hermana para ocultar la situación de morosidad en la que se encontraba, algo a lo que, según ha dejado patente la instrucción, no eran ajenas las altas esferas de la entidad. Las penas solicitadas para Avilés oscilan entre los dos años y medio y los diez de prisión.

El letrado de Avilés ha afirmado hoy en el juicio que la Fundación CAM no está inscrita en el registro de fundaciones y, por lo tanto, "no tiene personalidad jurídica" para ser acusación particuar.

A título lucrativo están también acusados todos los miembros de la comisión y la familia directa de Avilés. De entrada, el juez reclamó al empresario 6, 6 millones de fianza y a López Abad que respondiera, junto a todos los miembros de la comisión, de los casi dos millones que cobraron en total. El juicio, señalado para seis jornadas, concluye a mediados de febrero.