La Cámara de Comercio de Alicante cerró el año 2013 con los peores resultados de la Comunidad Valenciana. Así se desprende del último informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes, que revela que la suma de los balances del ejercicio de las cinco instituciones camerales -Alicante, Orihuela, Alcoy, Valencia y Castellón- y del Consejo de Cámaras condujo a un agujero final de 3,8 millones de euros. Sólo el Consejo tuvo en 2013 un superávit de 37.466 euros. El resto de organismos acabaron en números rojos. Sin embargo, la de Alicante no sólo fue la que más pérdidas acumuló por segundo año consecutivo, sino que, además, casi la mitad del déficit de todas las cámaras valencianas corresponde a la institución presidida por José Enrique Garrigós, que dio carpetazo a ese ejercicio en negativo, con 1,8 millones de euros.
No sólo eso. El informe del auditor público pone en evidencia que la Cámara de Alicante también fue la entidad más endeudada de la Comunidad, con 1,3 millones de euros al final de 2013. De esa cantidad, 666.560 euros se corresponde con movimientos a largo plazo, mientras que 644.833 euros son por operaciones a corto, lo que, una vez más, viene a dejar entrever las dificultades que tiene la entidad a la hora de hacer frente a su día a día.
El Síndic, lógicamente, admite la negativa incidencia que ha tenido la eliminación de la obligatoriedad del pago del recurso cameral permanente sobre las arcas camerales de todas las instituciones de la Comunidad, al ser esta cuota una de sus principales fuentes de financiación, así como el golpe que ha supuesto que en los últimos años hayan ido cayendo las subvenciones. No obstante, el alto comisionado de las Cortes para el control de las cuentas públicas deja claro que no valen excusas. Sí, la reducción de ingresos por la vía del recurso cameral y de las ayudas públicas ha llevado a «pérdidas significativas» en este tiempo, pero esto, unido a la indefinición normativa en cuanto al modelo de financiación cameral hasta que culmine la adaptación a la nueva Ley de Cámaras, obliga a las organizaciones, según sentencia el documento, a implementar planes económico-financieros «de viabilidad a corto y medio plazo». A partir de ahí, el Síndic se muestra más duro y pone en cuestión los presupuestos, hasta el extremo de que llega a puntualizar que «se considera imprescindible que las cámaras hagan estimaciones realistas de los ingresos a obtener, distinguiendo los producidos por sus actividades públicas y sus actividades privadas, dando cuenta de esta clasificación en sus cuentas anuales, con el objetivo de evaluar su autonomía y dependencia de las administraciones públicas».
El tirón de orejas no es porque sí. De hecho, en la memoria presentada por la Cámara de Comercio de Alicante no sólo se constata que 2013 se cerró con 611.000 euros más de pérdidas de lo inicialmente presupuestado, hasta llegar a los 1,8 millones de euros de agujero a final de año, frente a los 1,2 millones previstos. También se corrobora que los ingresos estuvieron muy por debajo de lo presupuestado: se aspiraba a ingresar 3,9 millones y se quedaron en 2,8 millones, con 1,1 millones de diferencia. Nada más y nada menos que un 28,24% menos que lo proyectado cuando se elaboraron los presupuestos. El importe neto de la cifra de negocios tuvo una desviación a la baja de 816.202 euros hasta situarse en 1,6 millones, mientras que por lo que respecta a las subvenciones se contaba con recibir 1,4 millones de euros y apenas se superó el millón de euros al cierre del ejercicio.
Los gastos presupuestados también fueron finalmente menores de lo planteado en el presupuesto, pero no en la misma proporción en la que se desviaron los ingresos. Sólo registraron un decremento del 6,26%: el presupuesto inicial marcaba 5,1 millones de euros y se ejecutaron 4,8 millones.
Finalmente, la Sindicatura de Comptes, además, le reprocha a la Cámara de Alicante que en la memoria de las cuentas anuales presentada, y por lo que respecta al apartado referido a las subvenciones recibidas, no se incluye ningún tipo de información del cumplimiento o no de las condiciones asociadas a esas ayudas, tal y como establece la normativa, aunque posteriormente el auditor público también lo incorpora en el apartado de recomendaciones para todas las entidades.
