La cuenta atrás para las elecciones de Coepa arrancó el pasado 18 de diciembre. Sin embargo, ahora más que nunca su celebración pende de un hilo: el juzgado de lo Social no sólo ha admitido a trámite la demanda presentada por Cepyme contra los nuevos estatutos de Coepa, sino que ha emplazado a las dos partes a una vista para el próximo 11 de febrero, justo un día después de la fecha prevista para la proclamación de las candidaturas que concurrirán a los comicios en el seno de la patronal. No sólo eso. La vista está convocada a dos semanas vista de la asamblea electoral, que ahora queda en el aire, a expensas de que el juez decida si opta o no por suspender cautelarmente cualquier asamblea, también la electoral, tal y como pidió Cepyme en la demanda presentada. Con ello, la organización que agrupa a las pymes en la provincia trataba de nuevo de frenar las aspiraciones del actual presidente de Coepa, Moisés Jiménez, y de su núcleo más próximo, y, en este caso concreto, paralizar las elecciones.
La confederación que preside Cristóbal Navarro ya presentó hace unas semanas esta nueva demanda contra el nuevo articulado de Coepa por considerarlo inconstitucional, especialmente por lo que respecta al sistema de representatividad en la asamblea, y lo hacía después de que el Consell desestimara sus alegaciones. No en vano, Navarro ha venido denunciado por activa y por pasiva que este sistema permite repartir los votos en función de las aportaciones económicas de los asociados, y no atendiendo a otros criterios. Y todo ello al margen de que en los diferentes foros empresariales y en las alegaciones presentadas ante la Generalitat se ha venido mostrando muy duro con muchos otros puntos de estos estatutos que, además, consagran la expulsión de Navarro de los órganos directivos de Coepa, al suprimir la asignación directa de una de las vicepresidencias para Cepyme, tal y como recogía la anterior reglamentación.
Sea como sea, no es ésta la única actuación que ha llegado a los tribunales de la mano de Cepyme. Previamente, había presentado sendas demandas civiles contra los antiguos y contra los nuevos estatutos, en las que también se cuestiona la constitucionalidad del sistema de representación en la asamblea, y en la que se reclamaba como medida cautelar la suspensión de asambleas. A estas demandas, se suma otra presentada por la patronal del metal Fempa, contra el nuevo articulado que se aprobó en la asamblea del pasado 30 de septiembre, y en el que se cuestiona el sistema de «sufragio censitario» de que quien más paga más votos tiene; así como que se permita el ingreso directo de cualquier empresa a Coepa, por la competencia que eso puede suponer para otras organizaciones sectoriales; o las limitaciones que se imponen en el acceso a la información de las cuentas o de las actividades de la patronal, entre otras cuestiones. Eso sí, desde Fempa no han llegado tan lejos, y no han pedido como medida cautelar la suspensión de las asambleas.
Con este escenario que se abre ahora, habrá que esperar a que ver qué es lo que deciden los tribunales y si, finalmente, optan por suspender la asamblea o dejan que se celebre. Sin embargo, lo que parece claro es que la resolución sobre las medidas cautelares, cubra o no las expectativas de Cepyme, debería llegar justo en el momento en el proceso electoral estará en su punto álgido. Si se rechaza, evidentemente todo deberá continuar tal y como estaba previsto, pero, de aceptarse, la asamblea quedará aplazada sine die hasta que los tribunales se pronuncien sobre los estatutos.
