El anuncio hace unas semanas de que Cándido Méndez no agotará su mandato al frente de UGT, ante el desgaste provocado por los escándalos de corrupción que salpican a la organización, y la dimisión este lunes de su homólogo en la Comunidad Valenciana, Conrado Hernández, por la imposibilidad de cuadrar las cuentas, reflejan bien a las claras la doble crisis -de confianza y económica- que viven en estos momentos los grandes sindicatos españoles. Las centrales se han visto obligadas a reaccionar para atajar esta pérdida de credibilidad -aumentada por la implicación de varios sindicalistas tanto de UGT como de CCOO en el caso de las «tarjetas black» de Caja Madrid- en un momento en que la afiliación de trabajadores ha cobrado mayor importancia que nunca para garantizar su supervivencia, ya que los recortes aplicados hasta la fecha en sus estructuras se han mostrado insuficientes para compensar el desplome de los fondos públicos que reciben.
Así, los nuevos presupuestos de la organización -que continúa en números rojos a pesar de haber despedido al 62% de la plantilla en los últimos cuatro años- será la primera tarea que deberá abordar el nuevo responsable de UGT-PV que salga elegido del comité extraordinario del próximo 9 de enero. Y CC OO-PV, por su parte, deberá abordar también en los próximos días la transformación del ERE de suspensión que ahora aplica a su plantilla en uno de extinción, una de las decisiones más duras para cualquier dirigente sindical.
Frente a esto, las centrales reivindican su papel como garantes de los derechos de los trabajadores -una tarea que no sólo beneficia a sus afiliados y que está recogida en la Constitución, como insisten en recordar- y confían en el trabajo diario de sus delegados en las empresas para darle la vuelta a la situación.
Malestar ciudadano
«El nivel de malestar ciudadano es muy alto por todos los casos de corrupción que se han registrado en los partidos y, de alguna forma, se ha irradiado también hacia los sindicatos, a los que se identifica como parte del sistema. Y el problema es que luego sí se han producido escándalos como el de los ERE o las tarjetas opacas, que han corroborado esa sensación», señala el profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Alicante David Montoya. A esto se añade, en su opinión, que las centrales «no han sabido acercarse a los jóvenes», que deberían ser su cantera natural. «Me encuentro con muchos alumnos en las clases que no saben ni qué es un sindicato», se lamenta el profesor.
No obstante, Montoya señala la necesidad de que las organizaciones encuentren su camino ya que «juegan un papel fundamental en nuestro sistema», mediante la negociación de convenios colectivos -que protegen al 70% de los trabajadores españoles- o su intervención en la conformación del sistema de pensiones o, ya en un terreno más mundano, en la negociación de cualquier ERE. «Quizá su error ha sido involucrarse también en otras causas más políticas y en vez de centrarse en este papel y en ofrecer más servicios a sus afiliados», apunta el experto universitario.
Precisamente esa función social es uno de los frentes de batalla que UGT y CC OO quieren presentar para reivindicar una financiación pública estable. «Acabamos de firmar un acuerdo para crear un subsidio para los parados de larga duración que va a beneficiar a miles de personas sin distinción. Eso es trabajo que hacemos y se tiene que reconocer», señala la secretaria general de CC OO en l'Alacantí y les Marines, Consuelo Navarro, a modo de ejemplo. Lo que pretenden es que se redacte una Ley de Representación Institucional que garantice unas subvenciones que ahora dependen del arbitrio de las administraciones.
La Generalitat, por ejemplo, las ha reducido de 2,6 millones a apenas 388.000 euros entre 2008 y 2014 e incluso hubo un ejercicio, el correspondiente a 2012, en que ni siquiera se llegó a convocar la orden.
Adiós a los cursos
No obstante, el verdadero recorte se ha producido en los fondos para formación. A pesar de que los responsables sindicales insisten en que este dinero no servía para financiar la estructura de las organizaciones, puesto que eran fondos finalistas, lo cierto es que su práctica desaparición ha obligado a cerrar locales o a reducir los horarios de atención de los mismos, entre otras cosas.
A este respecto, ni CC OO ni UGT quieren aceptar que se han resignado a jugar un papel cada vez menor en este terreno pero sí han rebajado notablemente el discurso combativo de hace unos años. «Lo que hemos hecho es adecuarnos a la situación. No- sotros tenemos las instalaciones y la capacidad para impartir cursos pero está claro que desde el PP quieren desviarlos hacia centros privados. Bueno... A nosotros no nos rompe nada. Eso era un añadido», apunta el secretario general de UGT en l'Alacantí y la Marina, Óscar Llopis.
A todo ello hay que sumar los impagos de la Generalitat, que llegaron a alcanzar los 16 millones de euros y obligaron a ambas organizaciones a endeudarse para pagar a sus proveedores y a sus trabajadores. Ante esta situación los dos grandes sindicatos iniciaron un proceso para reducir su número de organizaciones comarcales -tanto CC OO, como UGT ya sólo mantienen dos grandes uniones territoriales en la provincia- y para fusionar las distintas federaciones sectoriales hasta dejarlas únicamente en tres o cuatro (UGT aún no ha concluido su remodelación y no tiene decidida la cifra final).
Al mismo tiempo han adelgazado hasta el extremo sus plantillas, no sin un notable desgaste para sus responsables. La central ugetista ha aprobado ya hasta cuatro ERE consecutivos que han recortado su número de trabajadores en la autonomía de 359 a 136 y, aún así, las cuentas no salen. En el caso de Comisiones, tras una rebaja de salarios del 10% para los sindicalistas y un ERE suspensivo que ha afectado a sus 191 empleados, el sindicato aún arrastra un déficit de 1,2 millones de euros que ha obligado a negociar un nuevo expediente, en este caso de extinción de empleo.
Por todo ello, los diririgentes sindicales alicantinos cada vez tienen más claro que el futuro debe tender a que los sindicatos se autofinancien con las cuotas de sus afiliados. El problema es que la crisis económica ha tenido justo el efecto contrario ya que muchos miembros «se han dado de baja al no poder afrontar las cuotas mensuales», explica Consuelo Navarro. Así, en el caso de CC OO la pérdida de masa social desde el inicio de la crisis alcanza el 23% (ha pasado de 36.029 afiliados en la provincia a 27.585), mientras que en UGT ha sido algo menor, del 15% (de 26.200 a 22.400 afiliados).
¿Cómo piensan darle la vuelta a la situación? «Pues, con la falta de medios que tenemos sólo podemos hacerlo con trabajo y, sobre todo, con el ejemplo diario de nuestro delegados en las empresas para demostrar que, aunque haya algunos garbanzos negros, la mayoría somos honestos y nos empleamos muy duro para proteger a los trabajadores», contesta, con rotundidad, Navarro. Una afirmación que suscribe casi palabra por palabra Óscar Llopis. «Allí donde estamos, en las empresas que tenemos representación, nos aprecian y no hay más que ver los resultados de las elecciones sindicales», señala el responsable ugetista.
También se están impulsando nuevas medidas de control y de transparencia para dejar atrás lo antes posible los escándalos en que se han visto mezclados y garantizar que no volverá a ocurrir nada similar.
Así, desde hace un par de años, ambas organizaciones publican puntualmente en su web las cuentas anuales (en el gráfico de la página anterior se pueden ver las correspondientes al año pasado) y también aseguran que se ha actuado con contundencia cada vez que se ha descubierto alguna irregularidad. En el caso de UGT, además, una comisión estudia nuevas medidas para aumentar la información que se proporciona a los ciudadanos.
Por su parte, CC OO acaba de aprobar a nivel confederal varias medidas, como la obligación de auditar las cuentas del sindicato a todos sus niveles -y la imposición de sanciones para aquellas federaciones u organizaciones territoriales que no lo hagan-; un aumento del régimen de incompatibilidades y la exigencia de que cualquier remuneración que se reciba por representar al sindicato en un organismo o consejo de administración vaya directamente a las arcas del mismo. Ahora está por ver si serán suficientes para vencer las reticencias de los ciudadanos y lograr el objetivo de atraer a nuevos afiliados.
