Compras de participaciones por un precio muy superior al de mercado, que permitieron al empresario ganar decenas de millones de euros en plusvalías, o créditos concedidos contra el criterio de los técnicos y sin tener demasiado clara su finalidad. Éstas son algunas de las supuestas irregularidades que los nuevos gestores de Bankia han detectado en los negocios que Bancaja realizó con el empresario Enrique Ortiz a través de la sociedad Urbanika, principalmente conocida por ser la propietaria de los terrenos del Plan Rabasa, y que los responsables de la entidad ya han trasladado a la Fiscalía como paso previo a decidir si se acaban investigando.
Así consta en el informe pericial entregado ayer al juez Fernando Andreu en el que se detalla que el grupo presidido por Jose Ignacio Goirigolzarri ha remitido hasta la fecha al ministerio público 17 operaciones en las que cree que existen indicios de ilegalidad, entre las que también se cuentan los negocios que hizo la caja valenciana con el empresario ilicitano Ramón Salvador o con los propietarios del grupo Mar Confort, Juan Ferri y Salvador Baldó, también investigados por sus relaciones con la CAM. Igualmente, forman parte de este grupo varias operaciones relacionadas con Polaris World.
Además, el documento también recoge que Bankia ha enviado, en este caso al juez Andreu, otros cinco casos sobre los que se encargaron informes de investigación -sin aclarar cual fue el resultado del trabajo-, entre los que se encuentran las inversiones realizadas en Terra Mítica o el Valencia C.F., y otros 25 en los que todavía se está a la espera de dichos informes. En el caso de la relación de Bancaja con Enrique Ortiz, los inspectores del Banco de España que han realizado el informe pericial recogen hasta tres operaciones distintas «carentes de razonabilidad económica» y que se pusieron al descubierto durante la investigación encargada por los nuevos responsables de la entidad. En todas ellas, el empresario conseguía colocar a la sociedad conjunta que había creado con la entidad, la citada Urbanika, alguno de los terrenos o activos que poseía y por los que recibía una generosa compensación.
La primera fue la compra por parte de la caja valenciana del 20% de Viviendas Sociales del Mediterráneo (Visomed, ahora rebautizada como Alicante Avanza). Se trata de la mercantil que resultó adjudicataria del Plan Rabasa, la responsable de la urbanización de los terrenos que, a su vez, eran propiedad en su mayoría de la ya mencionada Urbanika.
La entidad valenciana desembolsó 44 millones por la participación en Visomed, «una valoración de la mercantil adquirida basada en unas hipótesis muy optimistas» y que los propios representantes de Bancaja en la operación cuestionaron «de manera expresa», según recoge el documento. De nada sirvió, porque la operación se cerró contra el criterio de los técnicos.
La investigación encargada por Bankia tampoco encuentra justificación para el precio que Urbanika pagó a Ortiz por el 50% de otra de sus sociedades, Vistahermosa ciudad. La firma conjunta de Bancaja y el Grupo Cívica abonó al empresario 55, 5 millones de euros por unos activos valorados en libros en 1,7 millones y la cesión de una cuenta a cobrar por importe de otros 12 millones, lo que dejó a Ortiz una generosa plusvalía de 41,8 millones de euros. En opinión de los investigadores, la compraventa «supuso claras ventajas económicas para las sociedades del Sr. Ortiz en perjuicio de Bancaja».
Terrenos en Benidorm
En la misma línea, el empresario alicantino también logró que la caja concediera a Urbanika sendos créditos por valor de 84,8 millones que, posteriormente, esta utilizó para, de nuevo, comprarle varias de sus propiedades. En concreto, Ortiz transfirió de esta forma a la sociedad conjunta los terrenos del Plan Armanello, en Benidorm, y unas participaciones en la firma Inmovist. Los préstamos se concedieron a pesar de que los analistas de Bancaja dejaron claro en los expedientes su opinión contraria al considerar que iban contra la política crediticia de la entidad y también por «desconocer» el destino real de más de 72 millones de euros.
Por último, el informe pericial recoge que la auditoría de Bankia elabora por Deloitte -que acabó desencadenando su intervención- ponía de manifiesto la falta de viabilidad de Urbanika, que en 2011 acumulaba más de 700 millones de euros en deuda y carecía de capacidad para cumplir su plan de negocio. Y eso que entonces el Plan Rabasa aún no se había anulado.
