El coste económico directo de la corrupción en la Comunidad Valenciana supera de largo los 900 millones de euros, mientras que en España se estima en 10.000, equivalentes al 0,97% del producto interior bruto (PIB) o riqueza generada por la economía.
El volumen de corrupción, como la economía sumergida y el fraude fiscal, y como cualquier otra realidad que sólo puede existir siendo oculta, es difícil de tasar y sólo mediante el recurso a técnicas de aproximación a partir de indicadores diversos, se puede llegar a cuantificar con un alto grado de verosimilitud. El cálculo de 10.000 millones anuales en el caso español es obra del profesor alemán Friedrich Schneider. Hay otros estudios de referencia, como el que realizan los profesores Carmelo J. León, Jorge E. Araña y Javier de León, de la Universidad de Las Palmas, pero cuya evaluación es más amplia (50.000 millones) porque no se limita al daño económico de los comportamientos irregulares e incluye la cuantificación de efectos indirectos, como el coste reputacional, el impacto emocional en la sociedad y otros perjuicios intangibles.
La corrupción política es un fenómeno que nunca puede darse de forma aislada en el estricto ámbito de lo público porque precisa el necesario concurso del sector privado, mientras que la corrupción privada no necesita la convergencia de ambas esferas y puede existir de forma autónoma sin la colaboración del ámbito público. De hecho, la llamada economía «del lado oscuro» existe porque escapa precisamente a los controles oficiales.
La corrupción política forma parte así de un monstruo de muy superior alcance, con raíces mucho más profundas y ramificaciones amplísimas, y cuya supervivencia sólo es posible en un marco de tolerancia social, cuando determinadas prácticas forman parte de pautas colectivas, valores sociales admitidos y rasgos culturales inveterados. Esto explica que la corrupción, el fraude y las prácticas delictivas económicas sean más generalizados en unas sociedades que en otras y en unos países de forma más acusada que en el resto.
El índice de la organización Transparencia Internacional sitúa a España, junto con otros países del Sur y del Este europeos, entre los de mayor percepción de corrupción en el continente, lo que es conforme con otras estadísticas sobre fraude fiscal, economía sumergida y fuga de capitales, que atañen no a una clase (la política) sino al conjunto del cuerpo social.
«La corrupción es la causante de la crisis, y no que los españoles hayan vivido por encima de sus posibilidades», sostuvo estos días un dirigente político. Sin embargo, la corrupción política, en los volúmenes conocidos hasta ahora, y pese a su gravedad, hubiese sido incapaz de tumbar por sí misma la economía española.
Una corrupción anual por un monto de 10.000 millones anuales arroja un saldo, al cabo de los últimos 18 años (desde el comienzo de la última fase alcista del ciclo y hasta 2014) de 180.000 millones.
Frente a este dato, la deuda externa de España, que es la segunda mayor del planeta en términos absolutos, y que en su mayor parte es privada, suma, según acaba de proclamar el Fondo Monetario Internacional (FMI), 1,4 billones de dólares, el equivalente a 1,24 billones de euros, lo que supone el 121% del PIB español. Durante la gran etapa de prosperidad, las empresas y también las familias demandaron recursos financieros y créditos en tal magnitud que de cada 100 euros prestados por la banca española, 55 tenían que llegar de afuera. Esto, sumado al entusiasmo importador y consiguiente déficit comercial, arrojó que la economía española se endeudara con el resto del mundo a un ritmo anual que llegó a ser de 11 puntos anuales de PIB (112.474 millones de euros por ejercicio), sólo aliviado de forma tenue por los superávits públicos de los ejercicios 2005, 2006 y 2007.
La deuda se dispara
Estos crecimientos de los débitos internacionales de España forman parte de la deuda total del país. Sólo la deuda privada (la contraída por familias y empresas) se disparó en los últimos 18 años del 65% del PIB al 176% en que se encuentra en la actualidad y ello pese a las amortizaciones que se han realizado en los últimos años en el curso del actual proceso de desapalancamiento de la economía. Los más de 1,79 billones de deuda privada española se reparten entre los 765.000 millones de débitos que aún atenazan a los ciudadanos y los 1,031 billones que pesan sobre las sociedades mercantiles.
El coste directo de la corrupción tampoco justifica por sí mismo el elevado y creciente volumen de deuda pública, que ha saltado de los 360.000 millones de 2007 (año previo a la crisis) a los actuales 1,020 billones. Mientras la corrupción anual estimada por el profesor Schneider aumenta en España a razón de 10.000 millones anuales, la deuda pública española está creciendo este año a tasas de 10.500 millones al mes (doce veces más), según el dato de septiembre pasado.
