La justicia vuelve a dar la razón a los trabajadores de Coca-Cola Iberian Partners. La Audiencia Nacional ordenó ayer la ejecución provisional de la sentencia que anula el Expediente de Regulación de Empleoanula el Expediente de Regulación de Empleo que la compañía aplicó de forma unilateral el pasado mes de marzo y que supuso el cierre de cuatro plantas embotelladoras, entre ellas, la de Alicante. Esto significa que la firma deberá readmitir con carácter inmediato a los empleados que despidió -el fallo no afecta a los que fueron trasladados a otra factorías-y pagarles los salarios atrasados sin esperar a que el Supremo decida sobre el recurso que presentó.
Inicialmente la decisión afecta a los 321 trabajadores que solicitaron dicha ejecución provisional al amparo de las demandas presentadas por los sindicatos FITAG-UGT y CCOO -de los que 20 son alicantinos-, aunque desde estas organizaciones señalaron ayer que el resto de los afectados podrá sumarse ahora a la petición. En total fueron 821 los profesionales que se quedaron en la calle como consecuencia la reestructuración que se acometió tras fusionar en una sola empresa las siete embotelladoras regionales de Coca-Cola que existían en España.
Tras el fallo de la Audiencia Nacional, la compañía dispone ahora de cinco días para decidir si da trabajo efectivo a estos empleados en alguno de sus centros o si, por el contrario, se limita a pagarles el sueldo aunque sigan en sus casas. Además, también tiene 30 días para calcular cuánto le debe a cada uno de ellos, intereses de demora incluidos, y abonarles la deuda.
El secretario general de FITAG-UGT en Alicante, Joaquín Gil, destacó ayer la satisfacción que el auto ha provocado en la plantilla, que protagonizó una huelga de casi un mes para frenar el ERE el pasado febrero. «Se vuelve a demostrar que las cosas no se hicieron bien y que Coca-Cola debe sentarse a negociar», aseguró el portavoz de los trabajadores.
La Audiencia anuló los despidos de la embotelladora el pasado mes de junio al considerar que la compañía había jugado sucio durante el periodo de negociaciones previo a la aplicación del ERE y había vulnerado el derecho a la huelga de los trabajadores, restándoles capacidad de presión. Además, los magistrados también aseguraban que no se había facilitado suficiente información sobre el plan industrial de la empresa ni se había justificado la necesidad de cerrar las plantas.
La compañía no se conformó y decidió recurrir ante el Supremo, además de negarse a ejecutar la sentencia provisionalmente, algo a lo que ahora le obliga la justicia. A pesar del varapalo que supone el fallo de ayer, Coca-Cola Iberian Partners emitió ayer un comunicado en el que, sorprendentemente, valoró «positivamente el auto» ya que no le obliga a reabrir las fábricas, sólo a pagar a los trabajadores afectados por los despidos.
