El último presidente de la CAM, Modesto Crespo, y el penúltimo director general de la caja, Roberto López Abad, están citados hoy en la Audiencia Nacional para que, en calidad de imputados, declaren ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez por los 640.000 euros que, a propuesta de López Abad, cobró el empresario ilicitano en concepto de dietas en apenas dos años por no hacer nada.

Quienes fueran los máximos representantes de la caja justo antes de su debacle testificarán ante el juez después de que a lo largo de siete jornadas ya lo hayan hecho los 18 miembros del consejo de administración (salvo el empresario Aniceto Benito, que no se desplazó hasta Madrid y va a declarar por exhorto desde Alicante) en el que se aprobó el nombramiento de Crespo como presidente del consejo de la participada Tinser y el pago por ello de unas dietas de 300.000 euros al año, de las que cobró los primeros seis meses con carácter retroactivo.

Mientras la práctica totalidad de los consejeros han mantenido ante el instructor que el asunto de las dietas no se llevó al consejo y que se introdujo con posterioridad en el acta de la reunión de aquel 27 de noviembre de 2009, el secretario de este órgano José Forner y, de un modo menos contundente, el vicepresidente Antonio Gil-Terrón y el consejero Martín Sevilla, se desmarcaron de esta mayoría al asegurar lo contrario y mantener que todos los consejeros sabían lo que estaban votando y que, en todo caso, tuvieron oportunidad de enterarse consultando la documentación antes de la reunión.

Esta disparidad de testimonios ha llevado al magistrado a citar a quien fuera asesor jurídico de la CAM y secretario de actas Juan Martínez-Abarca quien, también en calidad de imputado, ha sido convocado para mañana. El jurista tendrá que explicar, entre otras cosas, cómo es posible que conste en el acta de aquel consejo un asunto que la mayoría asegura que ni se comentó.