Nadie está dispuesto a asumir responsabilidades en la quiebra de la CAM, y así lo han vuelto a poner en evidencia los inspectores del Banco de España Pedro González y Ángel Rico en el escrito que han remitido a la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas, pese a que sus actividades de supervisión arrancaron en 2004. De hecho, admiten desde ese año se hicieron hasta tres inspecciones previas a la que se inició sobre el terreno, o «in situ», como dicen ellos, a partir de octubre de 2008, «ante las incertidumbres puestas de manifiesto en el seguimiento realizado a distancia». En la misiva, en cualquier caso, no hacen ni más ni menos que tirar balones fuera, y culpan de la debacle de la entidad a sus gestores y también al Consell, que fue quien en última instancia nombró a los órganos de dirección. Se pronuncian así prácticamente en los mismos términos en los que ya lo hiciera en junio del año pasado el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez en su comparencia en el Parlamento autonómico. De hecho, y por si a estas alturas quedara alguna duda de la posición del Banco de España, los dos inspectores defienden que la labor de este organismo era única y exclusivamente la de supervisar la solvencia y la contabilidad y que, además, todos los informes se enviaron al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El escrito llega después de que ambos fueran requeridos hasta en dos ocasiones para dar cuenta en las Cortes, ante lo que el Consejo de Estado dictaminó en 2012 acerca del «carácter no obligatorio de las comparecencias de empleados y autoridades del Banco de España en comisiones de investigación de ámbito autonómico».

Pedro González y Ángel Rico no se pueden mostrar más contundentes en el escrito: «Entidades con análogas o parecidas circunstancias de partida contaron con gestores y administradores que exhibieron una mayor prudencia y diligencia en el ejercicio de sus funciones, lo que les permitió estar mejor preparadas para afrontar la crisis», sentencian. Sin embargo, alertan de que será en el expediente disciplinario que se está tramitando en el Banco de España donde, al final, se valorará la actuación de la cúpula y las posibles responsabilidades.

No se quedan ahí y responsabilizan a los administradores de la CAM de no aprovechar las posibilidades que se ofrecían a través de los procesos de integración. En esta línea, los inspectores vienen a decir literalmente que, «en cuanto a la reestructuración bancaria, no se logró consolidar un proyecto que, al menos, planteara la oportunidad de explorar soluciones vía integraciones con entidades más capitalizadas», y hablan del «inusual e injustificado retraso» que mostraba la CAM en la toma de decisiones desde finales de 2009.

Los técnicos sostienen en todo momento que simple y llanamente sus competencias no iban más allá de la supervisión de los aspectos relativos a la normativa de solvencia y contabilidad. Es en este punto en el que el dedo acusador de estos dos técnicos se dirige al Consell, tanto por lo que hace al nombramiento de los gestores como al control de los mismos. El Banco de España «no tiene competencias sobre aspectos estatutarios sobre cajas de ahorros, que competen a las comunidades autónomas, y que han regulado aspectos tales como el funcionamiento y composición de sus órganos de gobierno, así como sus facultades de control y supervisión».

Por lo que respecta a las relaciones con el IVF, Pedro González y Ángel Rico indican en la misiva remitida a las Cortes que «fueron de colaboración». Tanto es así que admiten que el Banco de España envió «institucionalmente» copia de los escritos con las recomendaciones o requerimientos que resultaron de la actividad inspectora del supervisor. «Se informó a dicho organismo -por el IVF- de manera fluida y continúa del diagnóstico de la entidad fruto de las actuaciones inspectoras».

También apuntan que la situación de la CAM, aunque algo peor, no distaba mucho de la de otras entidades. «Por lo general, los desequilibrios existentes en algunas cajas se centraban en una concentración en el sector inmobiliario que podría acabar afectando a su solvencia, fuerte dependencia de los mercados mayoristas que eran la principal fuente de financiación de su crecimiento, junto al hecho de que el interbancario estaba prácticamente cerrado y las posibilidades de refinanciar sus vencimientos en el mercado de capitales eran escasas», relatan. Así las cosas, concretan que, «en aquel momento, y en lo que a la CAM se refiere, la idea que tenía la inspección sobre estos desequilibrios era que, aunque con mayor intensidad, no se separaban de los que adolecían otras cajas».

Fue por ello por lo que reconocen que en octubre de 2008 se optó por la inspección «in situ», y ahí fue donde aparecieron «elementos diferenciadores» respecto a otras entidades. En concreto, revelan que, a partir de ese momento, salieron «con claridad» los problemas de gestión, «unidos a otros relacionados con las funciones de control de riesgos y con el control sobre los activos en riesgo». Ahora bien, especifican que la CAM cumplía con los coeficientes de solvencia exigidos por ley. Otra cosa eran las expectativas futuras, que, para los técnicos, no estaban nada claras.

Finalmente, se lavan las manos por lo que hace a la emisión en 2008 de cuotas participativas porque defienden que el Banco de España no tenía competencias para dar autorización alguna, y que su única misión era pedir una certificación sobre el importe suscrito.