La guerra entre Cepyme y Coepa, o, mejor dicho, entre los dirigentes de las dos patronales, Cristóbal Navarro y Moisés Jiménez, definitivamente se ha trasladado a los tribunales. Al menos, ésa es la intención del mandatario de las pymes en Alicante. Y es que, por tercera vez en menos de dos meses, Navarro ha ido al juzgado, en esta ocasión para presentar una demanda contra la reforma estatutaria de Coepa por considerarla inconstitucional. Este nuevo recurso se suma a una demanda anterior contra los estatutos aún en vigor, también por inconstitucionales, y a una querella una criminal por un presunto delito societario contra el propio Moisés Jiménez; el secretario general de la organización, Fermín Crespo; y el tesorero, Antonio Galvañ. La demanda se acompaña de nuevo de la petición como medida cautelar de la suspensión de cualquier asamblea que se pueda celebrar hasta que se pronuncie la sala. Con ello, en caso de que el juzgado autorizara la medida, Navarro no sólo lograría bloquear el proceso electoral que se debe poner en marcha una vez que la Conselleria de Economía dé luz verde al nuevo marco regulatorio de Coepa, sino que frenaría las pretensiones de su actual presidente. No en vano, Moisés Jiménez no sólo dejó clara su intención de volver a optar a reelección, nada más acabar la asamblea del pasado 30 de septiembre en la que salió adelante el cambio del marco regulatorio por una aplastante mayoría. También dejó entrever que la idea era dar máxima celeridad a esta cuestión, hasta el punto de que, según sus cálculos, el proceso electoral podría cerrarse antes de que acabara este año. Jugaba con la variable que los estatutos quedarían formalmente inscritos en el registro de la Conselleria de Economía antes de que acabara octubre, y, a partir de ese momento, con carácter casi inmediato, el comité ejecutivo convocaría el proceso de elecciones, marcado en 60 días según los nuevos estatutos. Sin embargo, sus previsiones fallaron. A estas alturas el departamento de Máximo Buch parece que sigue sin mover ficha. Los estatutos continúan sin la autorización preceptiva y las organizaciones que presentaron alegaciones ante el Consell, entre las que junto a Cepyme se encuentra la patronal del metal Fempa, entre otras, siguen sin tener respuesta.
Cepyme, en cualquier caso, viene a amparar esa nueva demanda en lo que ya ha venido denunciando su presidente, Cristóbal Navarro, por activa y por pasiva: que Coepa no garantizar un sistema de representatividad democrático de las organizaciones empresariales. Se viene a quejar de que, en última instancia, quien paga -más cuotas, por supuesto- manda, más allá de otras cosas. «Lo que no tiene sentido es que Cepyme, que representa a 22.000 empresas, tenga dos votos en la asamblea, mientras que una gran empresa, sólo por pagar más cuota, tenga diez votos, y con los nuevos estatutos pueda llegar a 15. Habría que adoptar otras fórmulas de representatividad más democráticas y acordes con la realidad empresarial de la provincia», sentencia Cristóbal Navarro. Sea como sea, lo que parece que está claro es que, de seguir así, la cúpula de Coepa va a tener mucho trabajo con tanta ida y venida al juzgado.
