El Tribunal de Cuentas ha detectado un desvío «injustificado» a empresas de fondos de formación que habían sido concedidos por el Estado a las organizaciones empresariales y sindicales, o lo que es lo mismo «una excesiva subcontratación de la actividad subvencionada». Así lo expresa en el informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita de los fondos para la formación y el empleo en 2010. El Tribunal de Cuentas asegura que se vulneraron los principios de transparencia y concurrencia en la utilización de los recursos públicos, al constatar la contratación directa de proveedores de servicios de formación por parte de CEOE, Cepyme, UGT y la Fundación Laboral de la Construcción. efe madrid
