La Comisión Europea (CE) aseguró ayer que investigará si Luxemburgo ayudó a cientos de multinacionales como Amazon, Fiat, Pepsi o Ikea a ahorrarse una gran cantidad de dinero en impuestos en perjuicio del resto de países de la UE, en lo que constituirían unas ayudas de estado ilegales, prohibidas por la normativa comunitaria. Unos hechos que se habrían producido cuando el actual presidente del Ejecutivo comunitario, Jean Claude Juncker, ocupaba la jefatura del Gobierno de este país.
De acuerdo con la documentación filtrada en lo que ya se conoce como el «caso LuxLeaks», Luxemburgo firmó estos acuerdos fiscales ventajosos con alrededor de 340 empresas mientras Juncker era primer ministro, en el periodo entre 1995 y 2013. Las compañías -entre las que están también Burberry, Procter & Gamble, Heinz o JP Morgan- desviaban la mayoría de sus beneficios a este país y a cambio pagaban un impuesto de sociedades muy bajo, en algún caso de sólo el 1%.
El portavoz jefe de la CE, Margaritis Schinas, dio este jueves explicaciones en nombre de Juncker, que se eximirá de dirigir las investigaciones y pasará la responsabilidad a la titular de Competencia de la CE, Margarethe Vestager. «Vestager hará su trabajo, ella es la responsable y nadie le dirá qué hacer o no», señaló el portavoz comunitario, que añadió que «nadie debe dudar de la independencia de todos los miembros de la Comisión en las investigaciones». Schinas restó importancia a los hechos, dijo que el Ejecutivo está «sereno» ante la revelación y señaló que es algo «inevitable» que los países establezcan esquemas de ayudas de Estado y que el papel de la CE es investigarlas.
Procedimientos abiertos
La portavoz comunitaria recordó que el anterior titular de Competencia, Joaquín Almunia, ya inició las pesquisas sobre esos esquemas de ayudas al Gobierno de Luxemburgo, así como contra Irlanda y Malta, y reclamó información a Bélgica, Chipre, Holanda y Reino Unido. «No es nada nuevo», apuntó Schinas. Almunia señaló entonces que esa decisión no cuestionaba el sistema general impositivo de estos países, sino las medidas particulares aplicadas a estas empresas respecto al impuesto de sociedad.
«Los alemanes lo tienen para el automóvil, otros para la industria audiovisual, etc, es un área clásica donde los estados intentan sacar ventajas competitivas y la Comisión Europea que es el regulador del mercado interior interviene para asegurarse que esos esquemas no distorsionen la competencia», dijo Schinas. En Luxemburgo, su primer ministro, Xavier Bettel, afirmó que las prácticas fiscales del país «respetan las reglas internacionales» y defendió que no se ha hecho «nada erróneo».
No lo ven igual los grupos socialista, liberal, verde y de Izquierda Unitaria en el Parlamento Europeo, que ayer pidieron explicaciones a Juncker. Los parlamentarios españoles de Izquierda Unida apuntaron incluso que promoverán una moción de censura contra el luxemburgués. Por el contrario, el grupo popular le defendió y el español Luis de Guindos eludió pronunciarse sobre el asunto.
