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Trabajo detecta menos empleo sumergido en la provincia pero más fraude en el cobro del paro

La Inspección localizó el año pasado a 3.726 trabajadores sin contrato, un 25% menos que en 2012

Trabajo detecta menos empleo sumergido en la provincia pero más fraude en el cobro del paro

Alicante volvió a situarse el año pasado entre las provincias españolas donde la Administración detectó un mayor volumen de economía sumergida aunque con notables diferencias con respecto a ejercicios anteriores. Así, mientras que el número de empleados descubiertos sin contrato se redujo notablemente en relación a 2012 -por encima del 25%-, los Inspectores de Trabajo tramitaron hasta un 35% más actas de infracción por el cobro indebido de prestaciones del paro, de acuerdo con la memoria que este organismo acaba de hacer pública.

Un cambio de tendencia que los sindicatos desvinculan por completo de una posible reducción de la economía irregular en la provincia y que atribuyen, más bien, a un giro en las prioridades del Gobierno y al desplazamiento de una parte importante del fraude laboral hacia la contratación a tiempo parcial, que se ha convertido en el nuevo nicho de todo tipo de abusos.

En total, durante el año pasado la Inspección afloró en la provincia 3.726 empleos, una cifra muy significativa -la media son más de 10 altas diarias en la Seguridad Social como consecuencia de las denuncias y las visitas sorpresa de los funcionarios- pero muy alejados de los 4.999 descubiertos en 2012 o de los 5.682 que llegaron a detectarse en 2010. De hecho, durante varios años Alicante llegó a ser la demarcación donde más ocupación ilegal se denunció, por encima de otras con mucha más población como Madrid o Barcelona, cuando ahora tan sólo ocupa la cuarta posición en este ránking.

Empresas ficticias

Casi en paralelo a este descenso, durante el año pasado se produjo un fuerte repunte en las infracciones detectadas en el cobro de las prestaciones por desempleo, que pasaron de 1.114 en 2012 a 1.503 el último año. De ellas, 669 se dirigieron contra los propios perceptores de los subsidios y otras 727 contra empresas. Entre estas últimas están las compañías que emplearon sin dar de alta a los trabajadores que estaban cobrando el desempleo, pero también un buen grupo de firmas ficticias creadas «ex profeso» para tramitar falsos contratos de trabajo con los que, posteriormente, tener acceso a las prestaciones. Fruto de todo esto, 747 trabajadores alicantinos acabaron perdiendo definitivamente las ayudas del INEM.

Desde los sindicatos no ocultan su malestar por el nuevo enfoque que el Gobierno ha dado a la lucha contra la economía sumergida, que parece centrarse en rebajar la factura del paro y otras prestaciones públicas -algo que desde el propio Gobierno no ocultan e incluso venden como un logro- por encima de combatir la explotación laboral. «No entendemos que el énfasis se ponga en perseguir a los trabajadores en lugar de poner más medios para combatir a los que cometen el abuso», señala la responsable de Empleo de UGT en l'Alacantí y las Marinas, Yaissel Sánchez.

La sindicalista también denuncia que, en parte, estas cifras reflejan el cambio que se está produciendo en el tipo de fraude más común. Si antes lo más habitual era tener a los trabajadores directamente sin contrato, ahora cada vez es más frecuente realizar contratos a tiempo parcial por unas horas que cubran al empleado en caso de que se presente el inspector y luego obligarlos a realizar jornadas mucho más extensas.

Por su parte, desde CC OO, José María Ruiz Olmos destaca que la dotación de la Inspección de Trabajo en la provincia -de sólo 53 personas- sigue siendo muy insuficiente.

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