El exdirector general de la CAM Roberto López Abad y quien fuera presidente de la comisión de control de la caja Juan Ramón Avilés serán los primeros responsables de la entidad de ahorros en sentarse en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional después de que la sección cuarta de la sala de lo Penal, el tribunal que los juzgará, haya fijado para el próximo 22 de enero la fecha para el inicio de la vista oral.
Se trata de la primera de las cinco causas que se están instruyendo por la gestión de la CAM que llega a juicio tras una investigación de año y medio que comenzó gracias a la querella interpuesta por la representación procesal de la CAM que, junto al Fondo de Garantía de Depósitos, ejerce la acusación particular.
El magistrado Javier Gómez Bermúdez, instructor del procedimiento, vio indicios suficientes para abrir juicio por unos hechos en los que a Avilés se le atribuye haberse valido de su posición en la caja para conseguir préstamos a unas condiciones más que ventajosas, además de simular la venta de una de sus sociedades a su hermana para ocultar la situación de morosidad en la que se encontraba y que, de facto, le obligada a dejar la presidencia de la comisión de control, que no abandonó hasta más de un año después de que la caja fuera intervenida.
Avilés también está acusado de embolsarse más de 300.000 euros en dietas gracias a un sistema ideado por López Abad para burlar los topes en cuanto a retribuciones que existían en la comisión de control de la CAM y que consistió en nombrarle presidente de la comisión de seguimiento de una participada, TIP, la misma con la que la caja se embarcó en su aventura hotelera caribeña, protagonista de otra de las causas que está investigando el juez.
Las acusaciones les atribuyen ambos sendos delitos continuados de apropiación indebida además de administración desleal y, en el caso de Avilés, de simulación de contrato. Las penas de prisión solicitadas oscilan entre los 2,5 y los 10 años.
La sala ha señalado seis jornadas en las que, además de López Abad y Avilés, desfilarán ante el tribunal la familia directa del empresario murciano y quienes fueran los miembros de la comisión de control, considerados todos ellos partícipes a título lucrativo y a quienes el juez ha reclamado que devuelvan lo cobrado (cerca de dos millones de euros) por pertenecer a un órgano de control que en realidad no controló nada.
Las fianzas impuestas a Avilés y a López Abad suman 8,5 millones: 6,6 al primero y 1,9 al segundo. Con ellas se pretende asegurar que, en caso de condena, se resarcirá a los damnificados, un punto en el que acusación particular y pública discrepan. Mientras la primera sostiene que fueron la CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos, que saneó la caja para su venta al Sabadell, los perjudicados por la actuación de los acusados y, por lo tanto, los legítimos merecedores de un reparación, el fiscal sostiene que es el Sabadell quien debe recibirla.
