El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha remitido una carta a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que le solicita su suspensión temporal de militancia en el partido y se muestra dispuesto a dar todas las explicaciones necesarias sobre las tarjetas opacas. En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Rato pide dicha suspensión temporal «hasta que todos estos hechos queden esclarecidos». Fuentes del PP informaron ayer de que la suspensión temporal de militancia es automática una vez solicitada.

En el texto, el exministro subraya la «firme convicción» de haber actuado «siempre dentro de la legalidad» y «en el convencimiento» de que esas tarjetas, «emitidas, conocidas y controladas por la entidad», eran para «uso personal» y «formaban parte» de su salario, de forma que eran «declaradas y contabilizadas». Asegura asimismo que está a disposición del PP para dar todas las explicaciones que se le requieran ante los órganos pertinentes.

La misiva llegaba trece días después de que el partido anunciase la apertura de un expediente de información sobre Rato y los otros quince militantes que hicieron uso de las polémicas tarjetas, aunque tres de ellos se dieron de baja ya hace unos días.

Rodrigo Rato ha comunicado esta decisión al PP tras haber declarado en la Audiencia Nacional ante el juez Fernando Andreu, que investiga este caso, y quien le impuso una fianza de tres millones de euros que el expresidente de Caja Madrid debe presentar antes de mañana si quiere evitar el embargo de bienes.

Cospedal explicó ayer tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, que el PP está decidido a adoptar una resolución rápida sobre este asunto que afecta a Rato y a otros doce militantes, pero dándoles todas las garantías para su defensa.

Durante su intervención y ante las presiones de algunos de los barones territoriales del partido por dar una pronta respuesta al asunto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a recordar que han sido los gestores de las entidades nacionalizadas nombrados por el Ejecutivo los que han detectado las irregularidades y abogó por que los expedientes a Rato y otros doce militantes «se resuelvan de la manera más justa posible». Eso sí, Rajoy en ningún momento llegó a citar al que fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar.

Cospedal, que aseguró que no se ha puesto en contacto con Rato, aseguró que la contundencia no está reñida con el cumplimiento de la legalidad y reconoció que es evidente que este caso afecta a la credibilidad de las instituciones. «Toda la ciudadanía estamos escandalizados con este asunto», afirmó.

Un daño que admiten otros dirigentes populares, que son conscientes de que la sociedad espera una respuesta contundente y rápida del PP para con Rato y los demás afiliados implicados, aunque insisten en que el partido tiene sus tiempos y su procedimiento. Otros dirigentes regionales, como Arantxa Quiroga o el gallego Alberto Núñez Feijóo, se mostraron partidarios de apartarle. Sólo fue más allá el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Cuando los periodistas le preguntaron si pensaba que Rato debía ser expulsado, defendió hacerlo porque «no caben estas conductas ante los ciudadanos». «Hay que ser muy contundente», señaló, en consonancia con las «líneas rojas» que ha marcado en la Comunidad Valenciana.