Caser, la compañía con la que la CAM tenía contratada una póliza para responder ante las posibles responsabilidades civiles en que pudieran incurrir los altos cargos de la caja, no considera que tenga que abonar los más de diez millones de euros que hace unas semanas le reclamó el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez para hacer frente a las fianzas impuestas al expresidente de la comisión de control de la caja, Juan Ramón Avilés, a los 18 miembros de este órgano (considerados partícipes a título lucrativo) y al exdirector general de la entidad Roberto López Abad en el proceso abierto contra los exresponsables de la CAM por los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
La compañía ha presentado un recurso contra la orden del magistrado de requerir las pólizas para afianzar las cantidades exigidas, una decisión ratificada por la Audiencia frente al criterio del fiscal anticorrupción, quien defiende que los acusados deben pagar de su bolsillo. Así, echando mano de sus bienes, comenzaron a hacerlo hasta que dos de los afectados (la exsecretaria de Economía de la ejecutiva del PSPV en Alicante Remedios Ramón y el exgerente de Economía de la Diputación Juan Espinar), apelaron contra el criterio del juez, quien tuvo que levantar los embargos que ya había dictado para a continuación reclamar que se presentara la póliza.
En el auto de la Audiencia por el que se dio la razón tanto a Espinar como a Ramón se incidía en el hecho nadie podía interferir entre el cliente y la compañía, una relación de derecho privado en la que sólo los intervinientes estaban facultados para poner objeciones. Y eso es lo que ha hecho Caser en su recurso de reforma, que también lo plantea subsidiariamente como apelación. La aseguradora mantiene en primer lugar que no se le puede hacer un requerimiento así nueve meses después de haberse dictado del auto de apertura de juicio y sin que en ningún momento haya sido llamada al proceso, lo que la coloca en una situación de indefensión.
Pero al margen del la extemporaneidad del requerimiento, la compañía hace hincapié en el hecho de que se trata de un seguro de responsabilidad voluntario (por el que la CAM pagó un prima de 114.500 euros para asegurar 15 millones), lo que, según su interpretación, la eximiría de hacer frente al pago de esas fianzas. Cuestión aparte es que se tratara de un seguro obligatorio.
Precisa el letrado de la compañía que el objeto de la póliza es «garantizar las eventuales responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir los altos cargos de la caja frente a terceros perjudicados (...) pero no que la póliza sirviera para sufragar las fianzas de los altos cargos asegurados, quedando su patrimonio inmune».
El abogado se apoya en el articulado de la póliza para afirmar que la aseguradora «no está obligada a cubrir ninguna indemnización derivada de un procedimiento penal ni a prestar fianza para garantizar el pago de tal indemnización». En el ámbito penal, matiza, sólo se contempla la prestación de la fianza que se imponga para decretar la libertad provisional estando expresamente excluidas, en el supuesto concreto del seguro voluntario que la CAM tenía contratado con Caser, aquellas actuaciones donde se pueda apreciar dolo o mala fe.
Además de las fianzas que Gómez Bermúdez reclama a Avilés (6,6 millones) y a López Abad (1,9), a los 18 miembros de las comisión de control les requiere las mismas cantidades que cobraron (ver el cuadro que acompaña esta información) por pertenecer a un órgano cuyo principal cometido era controlar que no se produjeran situaciones como las que han provocado este proceso.
La causa, a falta tan sólo de señalar la fecha en que tendrá lugar el juicio, se abrió tras detectarse la concesión de créditos a Avilés en unas condiciones más que ventajosas así como el cobro, gracias a un sistema ideado por López Abad, de unas dietas que superaban en mucho de a las que tenía derecho por presidir una comisión que las acusaciones no dudan en calificar como de «descontrol».
Corresponde ahora al juez, y postiormente a la Audiencia, decidir quién ha de abonar las cantidades requeridas. De estimarse los argumentos esgrimidos por Caser, el operativo pasaría por volver a bloquear los bienes de los acusados a los que hace unas semanas se levantó el embargo.
