El Banco de España ha abierto un expediente provisional sancionador a la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana y a medio centenar de los consejeros que ha tenido la entidad en los últimos años. El supervisor ha iniciado de oficio esta investigación por la responsabilidad administrativa derivada de haber incurrido en una insuficiente cobertura de los recursos mínimos, tal y como establece la legislación, durante los 20 meses previos a su reestructuración en julio de 2013. La sanción, además, podría acompañarse de la inhabilitación como consejeros en entidades financieras para los administradores.

Fue en la jornada de ayer cuando consejeros y exconsejeros empezaron a recibir la notificación del Banco de España, en la que se les informaba de los motivos que habían impulsado este expediente, que podría llevar aparejado no sólo una multa para la propia SGR, sino también para todas aquellas personas que ostentaron un cargo en el consejo de administración. Entre las personas que han ejercido cargos directivos en este tiempo y han recibido el escrito del Banco de España se encuentran, entre otros, el vicepresidente de la entidad, el alicantino Antonio Alonso; la actual presidenta de la SGR, Dolores Font Cortés; su antecesor en el cargo y presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón, José Roca; el dirigente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro; o el exdirector de la SGR Juan Manuel García Puchol.

Precisamente fue la auditoría realizada a la SGR en julio de 2012 la que puso en evidencia que en esos 20 meses previos a la reestructuración la cobertura de la entidad avalista se situó por debajo del 80% del mínimo establecido en la ley que regula los requisitos de solvencia de las Sociedades de Garantía Recíproca, que la fija en el 8%. No en vano, fuentes consultadas por este periódico llegaron a confirmar que la solvencia se situó en el 5,31% e incluso que se pudo llegar al 3,83%, algo que, con la ley en la mano, podría ser calificado como una infracción muy grave, al incurrir en un déficit significativo de fondos propios.

La investigación arranca en la última etapa de José Roca como presidente y Juan Manuel García Puchol como director general de la sociedad, al que en alguna ocasión se le acusó de exponer demasiado a la entidad al crédito inmobiliario De hecho, los empresarios siempre han dirigido la mirada a estos mandatarios a la hora de buscar responsabilidades por la situación en la que llegó a encontrarse la SGR, prácticamente al borde de la desaparición. Sin embargo, en mayo de 2012 se renovaron los cargos, Dolores Font Cortés se convirtió en presidenta de la entidad avalista, y se redujo el número de consejeros, después de que así lo solicitara el Banco de España, que ya en aquel momento no ocultó las dudas que le generaban los procedimientos internos de control y que fue el detonante que hizo posible que toda esa situación saliera a la luz.

Poco después, en junio de 2012, se hacía esa auditoría que puso en evidencia pérdidas por 130 millones y la necesidad de refinanciar una deuda de 350 millones de euros con los bancos, y todo ello en una sociedad que no tuvo más remedio que bloquear los avales y que se encontraba en causa de disolución a esas alturas.

En cualquier caso, desde la sociedad avalista, indicaban ayer mismo que «la SGR se vio abocada a esta situación por el largo proceso de refinanciación que tuvo que salvar, siempre supeditado al análisis previo y a la aprobación de los principales organismos reguladores competentes, tanto autonómicos, como nacionales y europeos». En esta línea, añadieron que, «durante los meses comprendidos en este periodo, la SGR llevó a cabo un proceso de reestructuración y saneamiento que culminó con la refinanciación de su deuda y que le permitió recuperar el coeficiente de solvencia exigido, y todo ello con el respaldo previo de la Generalitat, el Banco de España y el Ministerio de Hacienda».

Son estas mismas fuentes, además, las que ayer también destacaban el plan de reestructuración y refinanciación negociado por el actual consejero delegado, Santiago de Santos, que se cerró en julio de 2013 con un acuerdo por el que la Generalitat concedía un aval de 200 millones, y al que se sumaba una inyección de 60 millones, en una operación de refinanciación que se materializó en el acuerdo marco de reestructuración con un «pool» de más de 30 entidades bancarias, que a principios de este año recibió el visto bueno de Bruselas.

Respecto al expediente comunicado por el Banco de España, indicaban que «la SGR sigue a disposición del principal supervisor de las entidades financieras del sistema español para atender y dar traslado de cualquier información que requiera». No obstante, tanto la entidad, como los propios consejeros confiaron en que, finalmente, las consecuencias se minimicen al máximo. Para ello, argumentan que fue la propia SGR la que puso en conocimiento del Banco de España esta cuestión e incidieron en que la refinanciación y el plan de viabilidad requerían de tiempo para obtener todas las autorizaciones. Mientras, desde la Generalitat recordaron que su papel se limita al de avalista.