El exjefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I, Rafael Spottorno, presentó ayer a don Felipe su renuncia como consejero privado para evitar cualquier intento de comprometer la figura del Monarca en relación a las informaciones sobre el uso que hizo de las tarjetas de Caja Madrid.

En el texto en el que argumenta su decisión Spottorno subraya en todo caso que «en ningún momento» hizo un «uso indebido» de la tarjeta de crédito que recibió al incorporarse a la Fundación Caja Madrid, de la que fue director, ya que la empleó para lo que se le dijo que podía utilizarlas y «en los términos y con los límites» que se le fijaron.

Fuentes de la Casa del Rey explicaron a Efe que Spottorno fue recibido a última hora de la tarde por don Felipe, «quien le ha aceptado su renuncia y le ha agradecido su consideración hacia la Corona». En su escrito, Spottorno indica que, «en relación con las informaciones relativas a las tarjetas de crédito de Caja Madrid», desea manifestar su «decidida voluntad de evitar que, de manera directa o indirecta», su condición de usuario que fue de una de ellas «pueda afectar al prestigio de la Corona».

Spottorno figura en la lista de directivos de Caja Madrid que emplearon tarjetas de crédito «opacas», emitidas al margen del circuito general, con un gasto total que, en su caso, se situó en 223.900 euros, según los datos difundidos por la Fiscalía Anticorrupción.

Condena

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó ayer a Elpidio José Silva a 17 años y medio de inhabilitación por haber prevaricado de forma continuada y haber perseguido el único objetivo de encarcelar «por motivaciones insólitas» al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. En una sentencia, que cuenta con el voto particular del presidente de la sala que juzgó a Silva, Arturo Beltrán, los otros dos magistrados sostienen que cometió un delito de prevaricación continuada en concurso con dos contra la libertad individual y le condenan a pagar una multa de 6.300 euros y a una indemnización de 10.000 al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

La Fiscalía reclamó para él 30 años de inhabilitación y una multa de 10.800 euros, mientras que el abogado del exbanquero elevó esa pena a 40 años y el de Díaz Ferrán pidió 24 y que le indemnizara con 50.000 euros por daños morales.

Según la resolución, que supone la expulsión definitiva del condenado de la carrera judicial, Silva persiguió desde el principio un «objetivo», el de encarcelar a Miguel Blesa, la primera vez bajo fianza de 2,5 millones en mayo de 2013, y la segunda de manera incondicional, apenas quince días después. En la primera, negándose a darle un plazo de 24 o 48 horas para abonar esa cantidad, tal y como le reclamó su abogado y como suele ocurrir en otros casos de cuantías incluso muy inferiores. La segunda ocasión, el 5 de junio de ese año, y tras «adentrarse en una especie de lección de economía para empresas», volvió a dictar su ingreso en prisión incondicional sin fianza con «motivaciones insólitas, por su grado de especulación» y sin haber resuelto sobre la devolución de la fianza. «No era sino el resultado final al que desde hacía unos meses se encaminó el proceder instructor del acusado», subraya la sentencia para resumir toda la actuación de Silva en el caso por el que investigaba a Blesa y Díaz Ferrán por la concesión de un crédito de 26,6 millones a Marsans de «mero voluntarismo».