La demora del Gobierno en aprobar su plan de rescate para las autopistas de peaje quebradas plan de rescate para las autopistas de peaje quebradas está poniendo en más de un apuro a los juzgados que tramitan los respectivos concursos de acreedores de estas vías. Mientras el Ministerio de Fomento sigue sin decidirse -el principal problema ahora está en la negociación con la banca extranjera-, los plazos judiciales continúan corriendo y los tribunales se ven obligados a realizar auténticos ejercicios de equilibrismo para evitar que las vías acaben entrando en fase de liquidación. Un estadio en el que ya no habría marcha atrás y que obligaría al Ejecutivo a desembolsar cientos de millones de euros por los avales que concedió a las concesionarias, justo lo que trata de evitar el departamento que dirige Ana Pastor.
A mediados del pasado mes de septiembre fue un juzgado madrileño el que se vio obligado a suspender la junta de acreedores de la autopista AP-36, que conecta Ocaña con La Roda, para evitar una situación irreversible y hace tan sólo unos días era el juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante el que tomaba «in extremis» la misma decisión para evitar la liquidación de la Ciralsa, la mercantil que gestiona la circunvalación de peaje de la capital de la provincia. En este caso, por ejemplo, la entrada en liquidación hubiera obligado al Estado a asumir unos 400 millones de euros por la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).
Ciralsa, propiedad de ACS, Abertis y FCC, entró en concurso de acreedores en julio del año pasado al no poder hacer frente a una deuda de más de 500 millones de euros derivada de los gastos de su construcción. Bankia, la Caixa y el Sabadell son los principales acreedores, entre los que también está el portugués Banco Espirito Santo.
Se trata de una situación en la que también se encuentran otras ocho vías de peaje, por lo que Fomento ideó un plan para crear una sociedad pública que las asumiera a todas y evitar el pago de miles de millones en indemnizaciones. Al mismo tiempo se pretende unificar todos los concursos de acreedores en uno sólo -para lo que se cambió la ley este verano- pero todo está ahora pendiente de la negociación con la banca extranjera.
