La cúpula de Caja Madrid gastó 15,2 millones de euros entre 2003 y 2012 con tarjetas de crédito «fantasma», emitidas al margen del circuito general y cuyos cargos se gestionaban de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad. La Fiscalía Anticorrupción ya ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigar a 86 consejeros y directivos que cargaron en sus tarjetas de empresa gastos privados, como estancias en hoteles, compras en el sector de la alimentación, almuerzos en restaurantes o retiraron efectivo, por valor de 15,2 millones de euros.

En un decreto, el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, incoa diligencias por posible delito societario y de apropiación indebida sobre estos hechos y designa para su instrucción a los fiscales Luis Rodríguez Sol y Alejandro Luzón, después de que Bankia haya comunicado este posible uso irregular de las tarjetas al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y este órgano trasladara la información al Ministerio Público.

El departamento de Auditoría Interna de Bankia detectó que varias tarjetas de crédito proporcionadas inicialmente por Caja Madrid y después por el grupo bancario a sus directivos y consejeros habrían sido utilizadas en algunos casos para fines no vinculados con su actividad profesional. Entre los gastos realizados por los exconsejeros y exdirectivos destacan 3 millones de euros en restaurantes, 2 millones en disposiciones de efectivo, más de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, más de 1 millón en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.

Las tarjetas fueron emitidas «al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario» del banco y tuvieron una disposición de 15.249.300 euros las de Caja Madrid entre 2003 y 2012, y de 245.200 euros aquellas cargadas a Bankia entre 2011 y 2012. No obstante, Bankia ha logrado que su expresidente Rodrigo Rato y los exdirectivos José Manuel Fernández Norniella, Ildefonso Sánchez-Barcoj y Matías Amat devuelvan los 200.000 euros que habían gastado sin justificar con tarjetas de crédito que les fueron entregadas por el banco antes de su nacionalización.