Coepa se enfrenta hoy a uno de los momentos más críticos, si no al que más. Es cierto que la reciente venta de la sede de Ruperto Chapí venta Ruperto Chapí y las negociaciones que se están llevando a cabo con el Consell para lograr la dación en pago del centro de oficios de Babel a cambio de liquidar la deuda con el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) -aunque el peligro de tener que devolver las subvenciones recibidas sigue estando ahídevolver las subvenciones recibidas - han hecho que la organización empiece a tomar aire. Sin embargo, las cifras aún hoy no ayudan mucho: sólo en los últimos ocho años, Coepa ha acumulado pérdidas por 4,2 millones de euros y, como es lógico, los fondos propios se han resentido, hasta el punto de que de los 2,3 millones con los que se cerró 2006 se pasó a una situación de quiebra técnica en 2012 que se ha mantenido en 2013quiebra técnica 2012 mantenido en 2013, con cifras negativas que llegaron hasta los 2 millones si se resta el excedente del ejercicio al fondo social. Evidentemente, la crisis y, por consiguiente, la decisión de las administraciones de cerrar el grifo de las ayudas ha tenido mucha incidencia en una organización que, aún en la actualidad, sigue fiando su supervivencia a las aportaciones públicas.
Las cosas se complican ahora más si cabe con la querella que acaba de presentar Cepyme por un supuesto querella Cepyme delito societario contra el presidente de Coepa, Moisés Jiménez; el secretario general, Fermín Crespo; y el tesorero, Antonio Galvañ, por limitar el acceso a la información al vicepresidente estatutario de la organización y mandatario de las pymes, Cristóbal Navarro, pero también por falsear las cuentas. Ya no sólo se trata de la denuncia en sí. Cepyme ha pedido como medida cautelar la intervención judicial de Coepa.
Por si la cúpula de la confederación empresarial no tuviera bastante, se ha abierto un nuevo frente con la reforma estatutaria impulsada por el núcleo duro de Coepa, que, con este cambio que se lleva hoy a una asamblea extraordinaria, no busca más que blindarse ante las voces más críticas. De entrada, el nuevo borrador certifica la expulsión de Cepyme, suprimiendo la vicepresidencia estatutaria que tradicionalmente tenían las pymes; y no haciendo ninguna referencia a las confederaciones -como en el caso de las pymes- como posibles socios de la organización que dirige Moisés Jiménez, en lo que desde el entorno de Navarro. No mucho mejor parada sale la patronal del metal Fempa, también alineados históricamente en el sector crítico. Y es que el cambio a las listas cerradas que se incorpora en este último borrador de estatutos no hace más que cerrar la puerta a las posibles alianzas entre los sectores enfrentados, como tradicionalmente había venido ocurriendo. Se bloquea así el paso a los órganos de dirección, al menos en teoría, a las voces discordantes.
No son los únicos focos del conflicto. Con el nuevo texto, Coepa permitiría que las empresas se afilien directamente, eliminando la cláusula que se incluía en el articulado en vigor, que se refiere a aquellas que no tuvieran representación a través de otras asociaciones o federaciones, y que eran las que se venían denominando «empresas singulares». Por si eso fuera poco, el documento que acaba de salir del horno exige a sus organizaciones una relación nominativa de sus asociados. Así las cosas, es verdad que muchos colectivos han optado por la callada por respuesta en público, aunque en «petit comité» no han podido ocultar su malestar y el temor a que, al final, Coepa pueda «robarles» socios.
Ante este escenario, un sector y otro se han lanzado a la búsqueda de apoyos, aunque, salvo cambios de última hora, prácticamente se da por hecho que el núcleo duro sacará adelante las cuentas y los nuevos estatutos por mayoría aplastante. Los únicos que ya han avanzado públicamente que seguirán manteniendo su oposición son Cepyme y Fempa. Las pymes ya han movido ficha en los últimos días, con querella incluida; el metal amenaza con no quedarse de brazos cruzados y, llegado el caso, también amaga con ir a los tribunales, para impugnar las cuentas, como ya hizo en su momento, ante la sospecha de que pueda haber más subvenciones sin contabilizar, pero también recurrirán los estatutos.
