Las obras de ampliación y modernización de Feria Valencia podrían tener un coste de 1.027,59 millones de euros para el Consell hasta el año 2029, por su condición de avalista. Así se desprende de un informe provisional elaborado por la Intervención General de la Generalitat. El documento no sólo pone en evidencia lo desproporcionado de este importe que tendría que salir del bolsillo de los valencianos si, como se teme en este primer borrador, Feria Valencia no hace frente a sus deudas. También cuestiona, y mucho, los procedimientos, hasta el punto de que el informe denuncia que las inversiones se hicieron «sin respetar el marco normativo de contratación pública». Incluso alerta de que la inversión final acabó disparándose un 86,27% sobre el proyecto inicial, aunque en algunas actuaciones ese sobrecoste llegó hasta el 160,67%. Lo peor es que la Intervención General llega a poner el acento en la falta de rentabilidad respecto a otras instituciones, fundamentalmente Ifema de Madrid. Con estos puntos de partida, el informe no puede ser más elocuente: «En 2029, cuando hayan vencido todas las cuotas de amortización de los instrumentos financieros empleados para pagar el Plan de Modernización y su ampliación, la Generalitat Valenciana habrá aportado un importe de 1.027,59 millones de euros, frente a los 28,37 aportados por Feria Valencia».
La situación contrasta con la que se vive en estos momentos en la Institución Ferial Alicantina (IFA), desde donde no pocas voces han venido alertando de que, mientras Valencia recibía todo el apoyo del Consell, se estaba dejando morir a Alicante. Ahora estas mismas voces son las que avisan de que la situación en Valencia puede acabar precipitando el desenlace aquí. De entrada, la deuda de IFA está en unos 70 millones de euros. Sin embargo, su principal quebradero de cabeza no es tanto la deuda, que también, sino lograr el importe para poder finalizar las obras de urbanización, finalizar las obras de urbanizaciónque se encuentran ejecutadas al 85%, y que están paralizadas desde hace algo más de dos años por falta de liquidez.
Los cálculos que hacen desde IFA apuntan a que ese 15% se podría terminar con unos 3 millones de euros, e incluso con menos. Y es que, según las estimaciones que siempre se han hecho desde los órganos de dirección, con algo más de 600.000 euros podrían inscribir el proyecto de reparcelación y, con ello, negociar con inversores privados para que el proyecto siga adelante. Sus reivindicaciones, sin embargo, han ido cayendo en saco roto hasta ahora. No en vano, desde IFA parece que así se lo han hecho saber al Consell, pero, hasta la fecha, el silencio ha sido la única respuesta. La petición no es baladí: el endeudamiento de la institución le impide a día de hoy poder recurrir a una entidad financiera, y la única salida, sí o sí, pasa por un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Esto, además, evitaría tener que pedir nuevos préstamos para hacer frente a los intereses.
De hecho, desde hace mucho tiempo siempre han venido defendiendo por activa y por pasiva, y en público y en privado, que la única salvación para la institución alicantina pasa por el fin de las obras de urbanización. Con ello, podrían poner en marcha ese activo, y ofrecerlo a inversores privados, por ejemplo, para habilitar aparcamientos dada la cercanía de los terrenos al aeropuerto, para explotaciones hoteleras, o para cualquier otro uso terciario.
Esa rentabilidad que podrían obtener de las parcelas es lo que, en última instancia, sostiene el empresariado alicantino, podría permitir hacer frente a las deudas, sin necesidad de acudir a subvenciones. Ayudas que, por otro lado, no llegan a IFA desde 2010, y en aquel caso fue de 210.000 euros para gastos de explotación, mientras que desde la dirección del recinto ferial argumentaban año tras año que a Valencia se daban sobre los 30 millones de euros, en diferentes conceptos vía presupuestos.
Tampoco el enfoque de uno y otro recinto es el mismo. Mientras en Valencia se ha tratado de orientar la inversión a la organización de ferias, IFA ha tratado de diversificar su actividad, y así lo llevan defendiendo desde hace años. «Valencia es una inversión ruinosa que no da para pagar lo que se ha hecho, mientras en IFA están convirtiendo el préstamo en una inversión fallida», comentan en círculos empresariales.
A ello se une una segunda reivindicación que también han hecho llegar desde IFA al Consell y que tampoco ha tenido contestación: algún tipo de solución que les permita acogerse a un plan de pago a proveedores y, de esta forma, liquidar la deuda de 4 millones de euros que mantienen con la UTE, para que, así, pueda reanudar los trabajos.
Pase lo que pase, lo que parece que todos en el entorno de IFA tienen claro es que la suerte está echada, y que la situación que ahora se vive en Feria Valencia puede servir para dejar caer más al recinto ferial alicantino, pero que también puede ser una llamada de atención para que alguien se dé cuenta de que, de no tomarse medidas, lo que siempre se ha defendido como una salida digna se convertirá en un trozo de tierra sin más. En este sentido, la institución debía devolver este año 23,8 millones al IVF, al que ya ha comunicado que no podrá pagar, y otros 17 a bancos en la próxima anualidad. Ante este escenario, y con el frente abierto con el Ayuntamiento de Elche, son muchos los que dan fecha de caducidad a IFA: seis meses a lo sumo, salvo que alguien ahora sí se decida a actuar.
