Asegura que está atravesando por dificultades económicas al haber tenido que hacer frente a otras fianzas y que ya ha demostrado que no se va a fugar. Son dos de los argumentos en que se apoya el exdirector general de la CAM Roberto López Abad para pedirle a la Audiencia Nacional que le devuelva al menos parte del millón y medio de euros que pagó el 13 de noviembre del año pasado para poder salir de la prisión millón y medio de euros pagó salir de la prisión a la que el magistrado Javier Gómez Bermúdez le envió dentro de la causa que investiga los negocios de la caja en el Caribe. Un procedimiento en el que también están imputados los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó y el también exdirectivo de la entidad Daniel Gil, socios todos ellos en la mercantil Valfensal Valfensal con la que explotaban los negocios hoteleros que financiaba la CAM pero de los que, según mantienen investigadores y acusaciones, la caja no llegó a ver ni un céntimo de beneficios.
A los empresarios la Audiencia les rebajó a un millón y medio cada uno la fianza de siete millones por cabeza que les impuso el magistrado para eludir la cárcel, donde estuvieron varios días hasta que reunieron los catorce millones en metálico, tal y como se los reclamó Gómez Bermúdez. La fianza fijada para Gil, quien no llegó a estar en prisión ni 24 horas al abonarla de inmediato, fue de 400.000 euros. Al exdirector general le costó seis días poder afianzar el millón y medio exigido y, según pudo constatar este diario, una de las entidades a las que recurrió fue el Sabadell, dueño del negocio financiero de la caja.
López Abad ha elevado su petición de recuperar parte del dinero ante la Audiencia Nacional después de que el instructor rechazara un planteamiento con el que tampoco estaba de acuerdo la Fiscalía Anticorrupción.
López Abad se encuentra en la actualidad imputado en el conocido como caso Valfensal, que le ha supuesto el desembolso de un millón y medio, así como en la pieza principal, que investiga el presunto falseamiento de las cuentas de la CAM por parte de sus exresponsables para adjudicarse unas retribuciones más elevadas de a las que tenían derecho. En este proceso el juez fijó una fianza solidaria de 35 millones que posteriormente la Audiencia dejó en 27. López Abad aportó un inmueble en Alicante y otro en Madrid además de inversión en deuda pública. El exdirectivo también está acusado junto al expresidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, de administración desleal y apropiación indebida. La fianza fijada en este caso para garantizar la responsabilidad civil ronda los dos millones.
