Desde la compañía responsable de gestionar la venta de inmuebles de Bankia, Haya Real State, señalan que el estatus de «ocupada» de una vivienda es una definición jurídica que puede englobar múltiples posibilidades. Así, una parte de los residentes que ocupan ilegalmente los inmuebles que tiene a la venta la entidad nacionalizada son, en realidad, antiguos propietarios que dejaron de pagar sus cuotas hipotecarias y que, a pesar de las resoluciones judiciales, siguen viviendo en las mismas. En gran parte de los casos, porque no han aceptado las propuestas alternativas -como viviendas con alquiler social- que desde la propia entidad o desde la administración se les han formulado. Sin embargo, otra parte también corresponde a lo que propiamente se conoce como un «okupa». Es decir, una persona o conjunto de personas que se introducen en una vivienda por la fuerza y toman posesión de la misma. La entidad también ofrece en su web decenas de viviendas con el rótulo de «inmueble sin posesión» y que indica que el banco se ha hecho con ellas en subasta judicial, tras un embargo, pero que todavía no ha podido asumir su propiedad. En estos casos, Bankia advierte claramente a los posibles compradores que la vivienda se vende «sin conocerse el estado de conservación del mismo ni su posible ocupación por terceros y sin los suministros debidamente contratados». El propio anuncio apunta que el precio de venta se ha rebajado teniendo en cuenta todo lo anterior y que, mientras perdure esta situación, no podrá tasarse y, por tanto, tampoco se le podrá conceder una hipoteca. d. navarro
