La Comunidad Valenciana cuenta con 64.145 establecimientos comerciales de los que un 10% se verán afectados de lleno por los cambios legales en los contratos de arrendamiento de renta antigua firmados antes de 1985. Deberán adaptarse a los precios de mercado. En España, casi 200.000 locales están implicados por la finalización del nuevo sistema de pago cuya actualización podría conducir al cierre de negocios y, por tanto, a la destrucción de puestos de trabajo, con incrementos en los precios de alquiler situados entre el 200% y el 400%. Sin duda, la novedad llega en un momento delicado porque el comercio minorista pierde ventas (un 8% en el último año) y puestos de trabajo (175.000 puestos menos entre 2010 y 2013). También se verán afectados por esta medida uno de cada cinco establecimientos hosteleros, si bien las personas físicas con arrendamientos antiguos pueden seguir tranquilas porque no va con ellas, pues el cambio en la norma es solo para personas jurídicas.
La situación preocupa, y mucho, en la Comunidad Valenciana, según constatan las diferentes asociaciones y profesionales del sector. El porcentaje de locales alquilados se eleva al 60%, aunque no todos tienen contratos de alquiler de renta antigua. El informe «La distribución comercial de la Comunidad Valenciana», elaborado por la Dirección General de Comercio de la Generalitat, constata que uno de cada diez establecimientos sí están afectados por la legislación. Por eso, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) confía en que la comisión de Economía del Congreso acepte una enmienda del PSOE al proyecto de ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia en la que se plantea una moratoria de cinco años para el fin de los contratos de renta antigua, lo que supondría un «tiempo suficiente» para poder negociar los nuevos precios y para que mejore la coyuntura económica.
Impacto en negocios familiares
Los arrendamientos de renta antigua quedaron heridos de muerte en 1985 con la aprobación del llamado decreto Boyer. Así, el próximo 31 de diciembre de 2014 perderán la vigencia todos los alquileres de locales comerciales pactados antes de la entrada en vigor del decreto, salvo en aquellos casos en los que siga al frente del negocio el titular original del contrato o bien su cónyuge, que están blindados por ley hasta su fallecimiento o jubilación. Si está a nombre de algún descendiente, o bien de una empresa, como ocurre en la mayoría de los casos, quedará sin efecto, ya que se cumplen los veinte años de prórroga establecidos en la posterior Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada en 1994.
Según la Confederación Valencian del Comercio (Covaco), buena parte de los comerciantes afectados «han gestionado nuevos contratos con su arrendador en estos últimos meses y los que no lo han hecho es porque piensan cerrar este año o piensan jubilarse». En líneas generales, según Covaco, ha habido buena disposición por parte de los arrendadores, quienes han preferido acordar rentas beneficiosas para ambas partes y mantener el local ocupado. Esto se entiende debido al crecimiento del número de locales vacíos tras el desplome del consumo en estos últimos años.
Un caso entre muchos ha ocurrido recientemente en un establecimiento de Alicante cuyo protagonista ha preferido mantenerse en el anonimato. Se trata de un comercio fundado en 1945 y ubicado en el centro de la ciudad. Originalmente era un ultramarinos que ha evolucionado hasta tienda de productos «gourmet» y «delicatessen». El local tiene unos100 metros cuadrados. Barajó dos opciones: abandonarlo o actualizar la renta. Sus propietarios prefirieron negociar con el arrendador y mantener su buena ubicación. Entonces pasaron de pagar unos 100 euros al mes a unos 500. Con el nuevo contrato tendrían que pagar unos 1.000 euros al mes, el doble de lo que estaban abonando. Su arrendador prefirió llegar a un acuerdo amistoso sobre la nueva renta que beneficiara a las dos partes a cambio de una continuidad en el local durante una década. Así ha mantenido la actividad
Desde la Conselleria de Economía reconocen que la adaptación del sector a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) puede suponer el cierre de establecimientos situados en los centros históricos de los grandes núcleos urbanos de la Comunidad. Con todo, la Administración autonómica minimiza el impacto porque sostiene que los comercios que pagaban alquileres de renta antigua y no se han regularizado en estos últimos años es porque han optado por la jubilación.
