El Consell se mantiene en sus trece respecto del impuesto sobre los depósitos bancarios que empezó a cobrar este año y que en julio supuestamente quedó paralizado por la entrada en vigor de una tasa estatal menos onerosa para las entidades financieras. Entonces, la Conselleria de Hacienda aseguró que al aprobar el Gobierno central el impuesto estatal no le quedaba otro remedio que dejar de cobrar la tasa autonómicadejar de cobrar la tasa autonómica. Sin embargo, fuentes de este departamento de la Generalitat indicaron ayer a este diario que, después de aquella primera manifestación y de analizar los técnicos de este departamento el texto del impuesto estatal publicado en el BOE, el Consell ha decidido que no tiene obligación de paralizar su tasa y por eso va a seguir cobrándola. De hecho, las citadas fuentes aseguraron que el siguiente plazo tras el primero, que fue en abril, corresponde al mes de octubre y entonces los bancos que operan en la autonomía deberán hacer la liquidación.
Esta decisión implica que las entidades sufrirán una doble imposición. Por un lado, el 0,03% estatal y por el otro el autonómico, que abarca una horquilla de entre el 0,3% y el 0,5% y que contempla una serie de exenciones para beneficiar a las entidades locales más pequeñas como las rurales y Caixa Ontinyent. El Consell da por hecho que los bancos no abonarán directamente el dinero que les corresponda, sino que, como hicieron varios de ellos en abril, presentarán avales a la espera de que la Generalitat y el Estado resuelvan sus diferencias sobre esta cuestión.
Y no será sencillo, porque el Consell se juega económicamente mucho en un momento de espantosos apuros financieros. Con su tasa preveía ingresar 230 millones de euros al año y con la estatal solo le corresponderán en torno a 30. El dilema entre ambas partes estriba en que el Gobierno, que ha impuesto su tasa para no romper la unidad de mercado después de que varias autonomías se lanzaran a crear sus respectivas figuras fiscales siempre con un coste más elevado para la banca, considera que ha legislado antes que la Comunidad Valenciana, Cataluña o Asturias, mientras que la Generalitat defiende que lo ha hecho después y, en consecuencia, reclama que el Estado le compense la diferencia de recaudación, tal como hace con Andalucía, Canarias y Extremadura, tres autonomías sobre las que no hay dudas de que crearon su tasa antes que la estatal, que tiene rango superior.
El Gobierno central se remite al impuesto que puso en circulación a principios de 2013, que tenía un tipo cero para anular cualquier tasa autonómica. La Generalitat, por su parte, argumenta que un impuesto a tipo cero no es tal y, por tanto, solo puede contar el que introdujo en julio con la reforma fiscal, que, obviamente, es posterior al valenciano, en vigor desde enero de 2014. Así las cosas, el planteamiento de la Generalitat es seguir su camino y esperar a ver si logra un acuerdo en la comisión bilateral con el Ejecutivo central, que ya se reunió a principios de julio sin que se acercaran posiciones, para lograr una compensación. Si el resultado es negativo, como se presupone, la salida estaría en lo que decida el Tribunal Constitucional ante el que el Gobierno recurrirá si el Consell sigue en sus trece, tal como ha hecho con otras autonomías. En el supuesto de que esta instancia resuelva en contra de los intereses del Consell, este tendrá que devolver el dinero recaudado a los bancos «de forma inmediata o por compensación».
