La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dejó claro ayer que no piensa dimitir de su cargo a pesar de que la justicia francesa haya decidido imputarla por un presunto caso de corrupción que data de su etapa de ministra de Economía de Francia, en uno de los gobiernos de Nicolas Sarkozy. Lagarde reconoció que la Corte de Justicia de la República, una instancia que juzga exclusivamente a los ministros o exministros por delitos cometidos durante sus mandatos, le había imputado por «negligencia» en el caso de las presuntas irregularidades en el pago de una indemnización millonaria al empresario Bernard Tapie.

Pese a ello, en declaraciones a medios franceses, afirmó que proseguirá su labor al frente del FMI, iniciada en 2011 cuando asumió el puesto dejado vacante por su compatriota Dominique Strauss-Kahn, envuelto en un escándalo sexual. El portavoz del Gobierno socialista, Stéphane Le Foll, afirmó que el Ejecutivo no exigirá su dimisión, que, dijo «concierne solo al FMI». Por su parte, el representante ante la prensa de este organismo, Gerry Rice, dijo en una escueta declaración que «la directora de la institución está de camino a Washington y, por supuesto, informará al Directorio Ejecutivo tan pronto como sea posible», sin más detalles.

La defensa de Lagarde destacó que la imputación de la patrona del FMI es por «negligencia» y no por «estafa en banda organizada», como sucede con el resto de los implicados, entre ellos su jefe de gabinete de la época, Stéphane Richard, actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, y el propio Tapie.

Los abogados de Lagarde, que consideran la imputación «sin fundamento», apelarán la decisión del tribunal, que la ha interrogado en cuatro ocasiones, la última el miércoles, cuando permaneció 15 horas testificando ante los jueces. Hasta ahora, al término de esos interrogatorios, los magistrados no habían pasado de la barrera de «testigo asistido» atribuido a la directora del FMI, que se había refugiado de esa situación para mantener su puesto en el organismo con sede en Washington.

Un año de cárcel

Lagarde se enfrenta ahora a una imputación por un delito penal que en Francia está penado con hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa. Los jueces le reprochan haber sido negligente en el caso de la indemnización concedida por el Estado a Tapie en 2007, de más de 400 millones de euros, como compensación por la venta de la empresa de material deportivo Adidas.

Confiscado a Tapie, ese grupo fue atribuido al banco Crédit Lyonnais, de titularidad pública, que lo vendió en 1993 al empresario Robert Louis-Dreyffus. Tapie consideró el precio de la venta muy inferior al de mercado e inició un litigio que duró años. Para cerrarlo, Lagarde, en su calidad de ministra de Economía entre 2007 y 2011, ordenó un arbitraje privado, en lugar de uno público, que impuso esa indemnización millonaria. Los tribunales abrieron una investigación al considerar que la indemnización era más elevada de lo previsto y que eso pudo deberse a la amistad entre Tapie y el entonces presidente, Nicolas Sarkozy.