Nuevos signos positivos en el mercado laboral alicantino. El incremento de la actividad que se ha registrado en los últimos meses gracias a las exportaciones, la buena marcha del turismo o la ligera recuperación del consumo, se ha traducido en una notable reducción del número de empresas que se ven obligadas a recurrir a un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para cuadrar sus cuentas y sobrevivir. En concreto, según los datos oficiales difundidos ayer por el Ministerio, durante el primer semestre del año el número de trabajadores afectados en la provincia por este tipo de medidas se situó en 2.460, una cifra un 39,4% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2013.
Aunque se trata de un descenso menor que el registrado a nivel nacional -en el conjunto de España la caída del número de profesionales incluidos en un ERE fue del 58,2%- no deja de ser significativo, sobre todo porque la mayor bajada se produce entre los expedientes de extinción, es decir, en los despidos colectivos. Así, entre enero y junio de este año sólo 247 alicantinos perdieron definitivamente su trabajo a través de esta figura legal frente a los 678 del año pasado.
Por el contrario, los más numerosos fueron los expedientes de suspensión temporal de contrato, que afectaron a 1.487 trabajadores de la provincia, un 38,9% menos; seguidos por los de reducción de jornada, con un total de 726 afectados, lo que supone un descenso del 23,6%.
Si se mantiene la tendencia actual, el ejercicio podría acabar con el menor número de damnificados por un ERE desde que comenzó la crisis económica en 2008. Ese año fueron 4.287 los alicantinos incluidos en algún tipo de regulación de empleo, una cifra que se disparó hasta los 11.394 en 2009, cayó a la mitad en 2010 y volvió a repuntar en 2011 y 2012 al calor de la reforma aprobada por el PP, que suprimió la autorización previa de los expedientes por parte de la autoridad laboral y aumentó notablemente las causas que permiten su aplicación.
Plantillas al límite
Los sindicatos reconocieron ayer que el descenso de los ERE es un dato «positivo» aunque no tanto como el departamento de Fátima Báñez quiere hacer creer. «Está claro que se ha llegado a un tope pero en muchos casos es porque las plantillas ya están muy ajustadas y no dan para más recortes colectivos», denunció la secretaria general de CC OO en l'Alacantí y les Marines, Consuelo Navarro, quien señaló que la reforma laboral también ha facilitado «mucho» los despidos individuales, «los que más se están utilizando en estos momentos». A ello hay que sumar, a su juicio, el enorme incremento de la economía sumergida que se ha producido con la crisis, «lo que significa que miles de trabajadores pueden ser despedidos sin ningún tipo de indemnización y sin constar en ningún sitio».
Pero, sobre todo, Navarro recuerda que la reforma laboral del PP también ha simplificado los descuelgues y las modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo por parte de los empresarios. Es decir, «que las plantillas se mantienen pero sólo a costa de bajar salarios y de empeorar la situación de todos los trabajadores de la empresa», se lamenta la sindicalista.
En la misma línea, la secretaria de empleo de UGT en l'Alacantí y la Marina, Yaissel Sánchez, también lamenta la merma de derechos que aceptan muchos trabajadores a cambio de evitar reducciones de plantilla en sus empresas y exige «que, de una vez por todas, se adopten medidas para reactivar la economía y se genere empleo de calidad».
Sánchez se muestra especialmente crítica con la Generalitat y con los últimos planes que ha anunciado para dar trabajo a parados a través de los ayuntamientos. «Si la propia administración sólo es capaz de generar empleos de diez horas a la semana y de dos meses de duración, ¿qué podemos esperar?», se pregunta.
