Más de 11.000 alicantinos se han acogido a la denominada tarifa plana para darse de alta como autónomos desde que el Gobierno puso en marcha esta medida, que permite rebajar a 50 euros las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social durante los primeros seis meses de actividad. Una posibilidad que se estableció inicialmente para los menores de 30 años en febrero del año pasado y que posteriormente, ante la notable acogida que tuvo en su primera etapa y la presión de los agentes sociales, se acabó extendiendo a todas las edades a partir del mes de septiembre.

En todo el país, el número de nuevos emprendedores que se han beneficiado de esta bonificación superan los 267.000, de acuerdo con el balance que ayer realizó el propio Ministerio de Empleo, que destacó especialmente la contribución de la tarifa plana al descenso del desempleo juvenil, ya que aproximadamente un 40% de estas nuevas altas corresponden a profesionales que aun están en la veintena.

Una valoración positiva en la que también coincidieron las principales asociaciones del ramo, que consideran que la tarifa plana es una de las claves del actual florecimiento del autoempleo. «Ha facilitado enormemente las cosas porque había muchas personas que tenían en mente un negocio pero que no estaban en disposición de pagar los 250 euros que supone la cotización ordinaria de autónomo», señaló el presidente de ATA en la Comunidad Valenciana, Rafael Pardo. «Es una ayuda muy grande que, por lo menos, permite que muchos trabajadores que están en el paro tengan una oportunidad», insistió también el secretario general de UPTA, Javier Pastor.

Limitaciones

En esta línea, lo único que critican ambas organizaciones son las limitaciones que la legislación impone a esta figura y que impide beneficiarse de ella, por ejemplo, a los denominados autónomos societarios -los que operan su negocio a través de una SL- o los que ya han estado dados de alta en este régimen de la Seguridad Social en los cinco últimos años. Igualmente, también lamentan que se pierdan las bonificaciones si el emprendedor contrata a un trabajador. «No tiene mucho sentido que penalice a nadie por crear empleo si eso es, precisamente, lo que se busca», apuntó Pastor.

En lo que también coinciden las dos principales asociaciones de autónomos del país es en el hecho de que, una vez que se han rebajado las barreras para la creación de nuevos negocios, ahora lo que hace falta son medidas para impulsar la actividad económica para evitar que muchos de estos nuevos emprendedores acaben fracasando. «Es cierto que han aumentado mucho las altas de autónomos pero también sigue habiendo muchas bajas todos los meses», explica el portavoz de UPTA. En el caso de la provincia de Alicante, por ejemplo, durante los primeros siete meses de este año se han registrado 21.168 nuevas incorporaciones al régimen de autónomos pero también se han borrado de los registros en el mismo periodo 16.612 profesionales, lo que limita el incremento del número de cotizantes a tan sólo 4.556 cuando podrían ser muchos más.

«Sigue habiendo problemas para conseguir financiación, el consumo aún está en niveles muy bajos y la morosidad sigue siendo un problema. Eso es lo que hay que atacar ahora», concluye, por su parte, el presidente de ATA que, aún así, cree que el balance de estos meses es positivo.

Por obligación

Desde UPTA también llama la atención sobre los posibles abusos que se esconden detrás de una parte de las nuevas altas de autónomos. «Se están detentando bastantes casos de empresas que despiden a sus trabajadores y les obligan a darse de alta como autónomos para encargarles las mismas tareas», denuncia Javier Pastor. Según los cálculos de esta organización, en toda España habría unos 18.000 profesionales en esta situación.