El índice de precios de consumo (IPC) volvió a tasas negativas en julio (-0,3 %), después de tres meses consecutivos de registros positivos, un dato que, al contrario que el Gobierno, los sindicatos ven como un aviso de una posible deflación (caída continuada de los precios). La tasa negativa de julio, confirmada ayer por el INE, es la segunda que se produce este año (la primera fue en marzo, -0,1%) y es la más alta desde octubre de 2009 (-0,7%).

Los grupos con mayor influencia en la bajada de julio fueron transporte (con una variación del 0,1%, un punto inferior a la del mes anterior), vivienda (variación del 1,2%, nueve décimas por debajo de la de junio) y alimentos y bebidas no alcohólicas (que disminuye su tasa cinco décimas, que es negativa el 2%). Asimismo, influyó la evolución de ocio y cultura (tasa negativa del 1,6%, siete décimas menos que en junio) y de bebidas alcohólicas y tabaco (que cae un punto y medio, hasta el 0,6%).

La tasa anual del IPC disminuyó en todas las comunidades autónomas, especialmente en Navarra (tasa negativa del 1%, con una disminución de ocho décimas), seguida con un descenso de seis décimas por tres comunidades con tasas negativas, Castilla-La Mancha (0,8%), Castilla y León (0,5%) y País Vasco (0,1%). En la Comunidad Valenciana la caída fue del 0,4%. En cuanto a la evolución mensual, el IPC de julio también registró una tasa negativa, del 0,9%, con especial incidencia de los descensos de vestido y calzado (12,9%) y vivienda (0,5%), debido a las rebajas.

El Gobierno y los sindicatos analizan de forma muy distinta el dato. Así, mientras el Ejecutivo cree que se debe a una circunstancia «transitoria», las fuerzas sindicales alertan de que existe riesgo de entrar en deflación. El Ministerio de Economía considera que no hay ese peligro y augura que en los próximos meses el IPC recuperará un signo «ligeramente» positivo. Asimismo, reitera que esta «moderación» de los precios incide favorablemente sobre el poder adquisitivo de las rentas y el consumo.

Desde el lado sindical, CC OO y UGT pidieron un aumento salarial para impulsar la demanda y la actividad económica, y poder combatir el riesgo de deflación. En su opinión, la recuperación económica pasa «necesariamente» por la reactivación de la demanda interna -que sólo será posible con la mejora del poder adquisitivo de los salarios-, y por la recuperación del empleo de calidad y con derechos.

Las asociaciones de autónomos también reclamaron medidas para impulsar el consumo y solventar la caída del IPC.