La mejora de la situación económica que se percibe desde finales del año pasado está permitiendo que el número de negocios que se ven obligados a bajar la persiana en la provincia sea cada vez menor. Al menos así se deduje de los últimos datos sobre concurso de acreedores que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística y que indican que la cifra de nuevas solicitudes presentadas en los juzgados de la provincia se redujo un 38% durante el segundo trimestre, en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Una caída incluso más pronunciada que la registrada a nivel nacional, donde la peticiones de lo que antiguamente se conocía como suspensión de pagos cayeron un 31%.
En total, fueron 49 las mercantiles alicantinas que decidieron acogerse a esta figura entre abril y junio de este año frente a las 79 de segundo trimestre de 2013, cuando el número de concursos presentados en los tribunales de la provincia alcanzó su máximo desde el inicio de la crisis. Con éste ya son tres los trimestres consecutivos en que la cifra de quiebras se reduce.
Aunque lo cierto es que las empresas que se acogen a este proceso son sólo una minoría -la mayoría de los negocios que cierran lo hacen sin pasar por este trámite-, para el presidente de la patronal alicantina Coepa, Moisés Jiménez, la evolución de los concursos de acreedores supone un buen termómetro de la realidad económica. «Está claro que la situación está cambiando. Empieza a llegar algo de crédito, parece que el consumo se está despertando poco a poco y, en general, hay más actividad y eso repercute en que la situación de las empresas también sea mejor, aunque quede mucho por hacer», señala Jiménez. «Ya hay muchos sectores en la provincia que registran cifras positivas: desde el turismo al comercio, pasando por el calzado o el mueble, e, incluso, la construcción», insiste el portavoz de los empresarios.
Mucho más pesimista se muestra el presidente de Cepyme, Cristóbal Navarro, quien reconoce que «el dato no es malo» pero cree que tampoco se puede hablar «de una mejora clara de la economía a partir de él». Navarro también asegura que, en parte, el descenso se debe a que el número total de empresas se ha reducido -por tanto, hay menos que puedan quebrar- pero, sobre todo, denuncia la escasa efectividad de los concursos para permitir que las mercantiles con problemas puedan salir a flote. Una crítica en la que también coincide en máximo responsable de Coepa.
De esta forma, tanto Jiménez como Navarro reclaman un cambio en la legislación que agilice el proceso y, sobre todo, «que haga que los concursos realmente sirvan para que las empresas viables puedan sobrevivir». Una petición a la que ayer también se sumó el Consejo General de Economistas, que señaló la necesidad de que la Administración y las entidades financieras se impliquen más en la elaboración de los convenios, ya que suelen ser los principales acreedores.
Comercio y construcción
En cuanto a la tipología de las empresas que presentaron un concurso de acreedores durante el pasado trimestre en la provincia, la inmensa mayoría -34 de un total de 49- fueron micropymes de menos de diez trabajadores. Otras 12 tenían entre 10 y 50 asalariados y sólo dos superaban esa cantidad. Por su forma jurídica, 41 eran sociedades de responsabilidad limitada (SL), frente a cinco sociedades anónimas y tres autónomos.
Por tipo de actividad, las más numerosas fueron las dedicadas al comercio al por mayor, con 12 concursos admitidos a trámite; seguida por la construcción (10); la industria(7) y la hostelería (5). En cuanto a la antigüedad, llama la atención que casi una quinta parte de las concursadas tiene más de 20 años.
