El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha mejorado por segunda vez en seis meses las previsiones económicas para España, a la que asigna un avance del producto interior bruto (PIB) del 1,2% en 2014. Pero la letra menuda de ese documento diagnóstica también que el crecimiento potencial de la economía española a medio plazo es del 1% anual, más cercano a un perfil de estancamiento que al desempeño que se requeriría para conseguir una creación de empleo vigorosa, la tarea más urgente del país.

El Fondo Monetario apunta al centro de gravedad de la crisis española: el enorme endeudamiento privado el público también se está disparando que mutila la capacidad de gasto de los hogares y la inversión de las empresas y frena el flujo de crédito. Los economistas a las órdenes de Christine Lagarde escriben que la deuda que arrastran las empresas, en particular las pymes, «socava la fuerza de la recuperación general». Algunas estimaciones apuntan que cuatro de cada diez pymes están en riesgo de impago y con severas dificultades para financiarse, situación que impide invertir en el proceso productivo y empuja a mantener la competitividad a fuerza de reducir empleo y rebajar salarios.

«Algunas de esas empresas no son viables, pero otras sí, y podrían invertir, contratar y crecer si no fuera por su endeudamiento excesivo». El FMI llama de ese modo a una suerte de rescate de las pymes: frenar la práctica generalizada de las simples refinanciaciones e ir a una auténtica reestructuración de la deuda, con implicación de la banca y de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social), más allá de los cambios que el Gobierno ha introducido en el proceso concursal. «En los tribunales, las opciones son demasiado limitadas y los procesos demasiado caros y lentos», advierte el Fondo.

Su propuesta supone conceder a las empresas consideradas viables quitas en la deuda, rebajas en los costes financieros, alargamiento de plazos de amortización... Un camino análogo al que se siguió en la crisis financiera sueca de principios de los años 90, puesta como ejemplo de respuesta de los gestores públicos por la contundencia del saneamiento y el moderado coste final para los contribuyentes (inferior al 2% del PIB).

El reverso es el impacto que un programa así tendría en la banca española. En algún capítulo del informe del FMI se intuye entre líneas que el Gobierno español ve en esa receta riesgos de nuevos episodios de inestabilidad financiera. ¿Están los bancos en posición de encajar las pérdidas que supondría reestructurar el endeudamiento empresarial?, ¿podría hacerse como en Suecia pasando más el cargo a accionistas y bonistas y no tanto al erario público?

El sector ya ha consumido casi 61.500 millones en ayudas y sólo se han recuperado 1.760. Y la concesión de crédito a las empresas está acelerando su caída (-13% interanual en mayo). El rescate no está llegando a las pymes.