Cepyme Alicante y su presidente, Cristóbal Navarro, no se suelen morder la lengua, y ayer tampoco lo hicieron a la hora de tomar posición contra la corrupción política y empresarial. El discurso fue duro, muy duro, tanto en la forma como en el contenido, hasta el punto de que las pymes llegaron a denunciar públicamente la existencia de mafias que controlan los concursos públicos y las «dobleces» de la Administración en las contrataciones. Lo peor es que, por desgracia, como admitieron, es una práctica habitual.
Ante ello, exigieron alto y claro más mano dura, pero matizaron que «no todos somos iguales», según proclamó Cristóbal Navarro en el informe que presentó ante su junta directiva, y en el que se quejaba amargamente de la mala imagen que se está dando de los empresarios. No sólo eso. Tampoco dejaba en mejor lugar a los políticos, tanto por lo que han hecho como por lo que no están haciendo, y pedía al jefe del Consell, Alberto Fabra, mano dura, más allá de las buenas palabras.
El plante de las pymes se producía apenas unos días después de que hayan salido a la luz nuevas escuchas del caso Brugal que vuelven a poner en el punto de mira al empresario Enrique Ortiz y a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. También llegaba tras los últimos movimientos de las organizaciones empresariales para presionar a Madrid y pedir más financiación para la Comunidad, con una operación que, según dejó entrever Cepyme en su junta, llega tarde y mal, y se queda corta. Además, se convertía en un polémico aperitivo de la Noche de la Economía Alicantina, que se celebra esta noche en Elche, que en los últimos años ha tenido un marcado carácter reivindicativo y en el que, además, Navarro se tendrá que ver la cara con algún que otro representante del Consell y con Fabra.
De entrada, desde Cepyme pidieron «contundencia y tolerancia cero ante la corrupción y la mala imagen que proyecta sobre los empresarios, la ciudad y la provincia de Alicante». Los empresarios, literalmente, confesaron sentirse «cansados y hartos de que ciertas mafias dominen los concursos públicos y de las dobleces de la Administración para contratar».
No menos rotundo se mostró Cristóbal Navarro en el informe que leyó. Cansancio, hartazgo y vergüenza, mucha vergüenza, fueron sólo algunos de los términos que utilizó en su discurso para definir el estado de ánimo de las microempresas.
«En estas últimas semanas hemos visto algunos acontecimientos que nos llenan de pesar y vergüenza: en nuestra provincia, la corrupción invade nuestras instituciones y desencadena la desconfianza y el descrédito de nuestra imagen en el resto de España y también en el extranjero», sentenció, para, acto seguido, pedir a la ciudadanía en general que se levante contra esta situación: «Es esencial que empresarios y trabajadores, como ciudadanos preocupados por el entorno en el que nos obligan a vivir, mostremos nuestra más enérgica repulsa a estas prácticas que, además de devaluar la imagen de la provincia, proyectan una imagen tanto de políticos como de empresarios que en absoluto puede admitirse como generalidad», proclamó.
Fue entonces cuando aludió expresamente al amaño de concursos públicos, aunque sin citar a Ortiz y al caso Brugal: «Estamos ya cansados de que la sombra de la corrupción sea una compañera constante de las contratas administrativas, y de la sensación de que siempre sean para las mismas empresas, hasta el punto de que a algunas de ellas únicamente concurren los "llamados" a cubrirlas, porque es un secreto a voces la inmensa corruptela que en el ámbito de la Administración pública existe», sentenció Navarro.
A partir de ahí, la junta de Cepyme acordó plasmar su malestar y estas reivindicaciones en un requerimiento dirigido a la Fiscalía Anticorrupción para pedirle que persiga «las posibles actuaciones delictivas que contengan las conversaciones hechas públicas por los medios de comunicación, en particular las que atañen a las presuntas injerencias de la alcaldesa de Alicante en contra de Pedro de Gea». Con ello, la confederación de las pymes se refería a una de las escuchas de la investigación de Brugal en la que Castedo pedía a Ortiz un puesto para De Gea en el consejo del Hércules para, así, forzarlo después a dimitir como presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, y después también echarlo del club.
Precisamente esa conversación fue la que dio argumentos a Navarro para que, en su informe, condenara «cualquier injerencia de los políticos en la vida asociativa de las organizaciones empresariales y, en particular, las malas prácticas para interferir en las actuaciones de los dirigentes empresariales en la defensa de sus representados». No lo decía claro, pero abría la puerta a las injerencias políticas hacia otras entidades, no sólo en la de los comerciantes de Alicante.
De todos modos, ése no es el único requerimiento. Cepyme trasladará otro a Fabra para que, «de forma inmediata, contenga la marea de putrefacción que inunda el buen nombre de nuestras instituciones y proceda de forma inmediata a intervenir para restablecer la confianza del ciudadano en las instituciones y en sus representantes», según indicaron desde la confederación.
En este contexto, Cristóbal Navarro lanzaba un mensaje aplastante a Fabra instándole a que se deje de palabras y pase a los hechos: «Basta ya de líneas rojas que no se cumplen, y de la vergüenza de los que cada día luchamos con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro sacrificio y el de los recortes que nos han impuesto, para sacar adelante esta Comunidad, inmersa en un problema que no hemos creado, y que estamos pagando», concluyó diciendo el presidente de Cepyme, justo un día antes de que se encuentre cara a cara con Fabra en la Noche de la Economía Alicantina.
