Dos asesores de KPMG, la auditora encargada de fiscalizar las cuentas de la CAM, declararon ayer en la Audiencia Nacional ante el magistrado Javier Gómez Bermúdez que la caja les ocultó las opciones de recompra con las que vendía paquetes de títulos fallidos, lo que se conoce como titulizaciones, y que les permitió hinchar artificialmente sus beneficios declarando ganancias cuando en realidad se arrastraban pérdidas. Citados ambos en calidad de testigos a instancias del fiscal Anticorrupción, fue el primero en comparecer, Javier Muñoz Neira, quien más datos aportó sobre esta técnica utilizada para reducir la morosidad y que, en opinión de los inspectores del Banco de España recogida en un informe encargado por el instructor para la pieza principal (en la que está imputada la última cúpula directiva de la CAM por el presunto falseo de la contabilidad de la caja), fue el principal foco de distorsión de sus cuentas. Una idea que también comparten tanto la acusación pública como la particular.
El auditor vino así a corroborar las palabras de otro de los testigos de esta tanda de comparecencias, el inspector del Banco de España José María Ruiz, citado en su caso a petición del exdirector de Planificación de la caja, Teófilo Sogorb, y quien fue muy gráfico al relatar ante el juez la cara de sorpresa que se les quedó a los auditores del KPMG cuando descubrieron que la venta de créditos fallidos se hacía con una opción de recompra. Una práctica con la que la entidad no se desprendía en realidad del riesgo, sino que simplemente lo hacía desaparecer un tiempo durante el cual sólo a nivel contable se eliminaba una morosidad que de hecho seguía existiendo.
Correos
Como prueba de que la ocultación de información sobre las opciones de recompra no fue un simple olvido sino un hecho premeditado por los responsables de la caja, que ya se encontraba en una situación agónica con una cartera crediticia arrastrando auténticos problemas, Muñoz Neira mostró unos correos en los que directivos de la entidad, que las fuentes consultadas por este diario no supieron precisar si se trataba Roberto López Abad, de María Dolores Amorós o de ambos exdirectores generales, aseguraban a la auditora que se le había facilitado toda la información de la que disponían acerca de las titulizaciones, lo que a la postre está quedando demostrado que no era cierto ya que esas opciones de recompra a las que no aludían sí que existían.
En el informe realizado por inspectores del Banco de España que forma parte del sumario se mantiene que estas operaciones «afectan a la imagen del balance de la entidad a 31 de diciembre de 2010 en lo que hace referencia al reflejo contable de los activos materiales y, sobre todo, a los resultados del ejercicio que debían haber sido inferiores a los contabilizados». Los peritos calculan que el beneficio antes de impuestos de 2010 debía ajustarse en 181 millones por el resultado indebidamente reconocido al dar de baja en el balance de los activos titulizados y en otros 29 adicionales por el saneamiento total de las opciones adquiridas por la CAM al tercer inversor ya que, en su opinión, «la probilidad de que llegaran a ejercitarse era muy escasa o prácticamente nula».
A hilo de estos datos se abordaron durante la comparecencia de ayer las cuentas de 2010 y los estados financieros de 2011, dos contabilidades que, según se precisó ante el juez, no reflejaban la situación real de la caja de ahorros.
