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El fiscal reclama a la CNMV que reactive los expedientes por la preferentes de la CAM

El juez da traslado a la partes de la solicitud del Ministerio Público de sobreseer la pieza abierta por la venta de participativas y deuda subordinada en la que también reclama que el organismo regulador reanude los procedimientos sancionadores que abrió

Roberto López Abad tras una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional EDU CANDELL

Que no quede sin castigo, aunque no sea penal. El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez acaba de dar traslado a las partes del escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que, tal y como publicó este diario el pasado viernes, solicita el sobreseimiento de las actuaciones abiertas por la venta de preferentes y cuotas participativas pero en el que reclama también que, una vez que sea firme este archivo, se le comunique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que pueda reanudar los procedimientos sancionadores que se abrieron por los fallos detectados en la comercialización de las preferentes, y que fueron suspendidos hasta que se resolviera la causa penal.

Unos expedientes a los que ya aludió, aunque sin citar nombres, el expresidente del organismo regulador Julio Segura en su comparecencia en la comisión de la Cortes Valencianas que investiga la debacle de la CAM, donde aseguró que se habían encontrado irregularidades en la comercialización de las preferentes pero que la ley impedía frenar su venta. Y que se unen también a los abiertos, y también en suspenso en tanto el procedimiento penal siga vivo, a los iniciados contra prácticamente todo el organigrama de la extinta caja de ahorros (presidente, los dos últimos directores generales, vicepresidentes, secretario general y consejeros) por el presunto falseo de las cuentas de 2010.

Sin indicios de delito

En un elaborado escrito estructurado en dos partes, una relativa a la cuotas participativas y otra a las preferentes, mantiene el acusador público como elemento común a ambas la falta de indicios que permitan considerar delito el modo en que se vendieron estos productos en los que, más en el caso de las cuotas que de las preferentes, miles de clientes de la caja invirtieron unos ahorros que ahora les está costando recuperar.

Con todo, y pese a que a quienes compraron preferentes las alternativas que se les han ido ofreciendo por parte del Sabadell (heredero del negocio financiero de la caja) no sólo les han solucionado el problema sino que incluso les han hecho ganar dinero, no así a los cuotapartícipes, es en la venta de las primeras donde, a juzgar por la documentación aportada, acusador público destaca que se detectan más anomalías. Y ello sin negar que, como afirma en el escrito, en algunos casos se trató de «un instrumento altamente ventajoso para algunos clientes que han sabido comprarlas y venderlas en el momento adecuado». Punto en el que el fiscal cita como ejemplo de inversor avispado a quien fuera responsable de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, a las puertas de ser juzgado por los delitos de apropiación indebida y administración desleal en relación con la gestión de la caja. El acusador público afirma que sociedades vinculadas al empresario murciano fueron titulares de estos productos cuando la rentabilidad era del 7,25%.

Pese a las numerosas irregularidades a las que alude (desde que estaba sesgado el test que se realizaba a los clientes para ver si comprendían lo que compraban hasta el conflicto de intereses no resuelto entre los clientes y la entidad, especialmente en una de las emisiones de preferentes), entiende el fiscal que no se puede establecer una relación incuestionable entre la comercialización de estos valores y la falsificación de las cuentas de la entidad de los años 2009 y 2010, que se investiga en el pieza principal.

El problema radica, según el acusador, en la imposibilidad de demostrar que el comprador de preferentes lo hizo atendiendo única y exclusivamente al balance financiero de la caja que apareció publicado y que, según el informe realizado por inspectores del Banco de España a instancias del juzgado, no respondía al estado contable real de la entidad.

Aunque en lo referente a los expedientes sancionadores no se citan nombres y vuelve a insistir el acusador que ninguna de las conductas irregulares que la CNMV ha detectado en sus informes acerca de las preferentes tienen encaje penal, agrega a continuación que la máxima responsabilidad en las anomalías se atribuye al entonces director general de la CAM y a su mano derecha, en alusión a Roberto López Abad y a María Dolores Amorós, imputados ambos en la pieza principal, por la «inadecuación de los productos y servicios ofrecidos a los clientes, la insuficiencia de información, la incorrecta valoración de su idoneidad para adquirirlos o la deficiente solución dada a los conflictos de intereses».

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