Corto recorrido en la Audiencia Nacional se le puede augurar a la causa abierta por las cuotas participativas, un producto lanzado en julio de 2008 por la CAM que atrapó en mayor o menor medida a 50.000 clientes (entre inversores y pequeños ahorradores) y cuyo valor se ha acabado amortizando a cero. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado Javier Gómez Bermúdez el sobreseimiento provisional de estas actuaciones que se abrieron hace ahora dos años tras la querella que, en nombre de cerca de un millar de afectados, interpuso el abogado murciano Diego de Ramón.
Aunque en un principio el Ministerio Público planteó investigar la emisión de los polémicos títulos-valores como un delito de estafa, la documentación que se ha ido recabando durante la investigación ha llevado a Anticorrupción a descartar la existencia de dolo penal en su lanzamiento limitando en todo caso las posibles responsabilidades al ámbito administrativo y la solución para los afectados, a la vía civil.
Es decir, que de asumir el juez las tesis de la acusación pública y cerrar el procedimiento, lo que entraría dentro de lo probable, los damnificados por la compra de las cuotas que sigan buscando una respuesta judicial tendrían que acudir a la jurisdicción civil, que sería la encargada de determinar si se ha producido algún fallo en la comercialización del producto que pudiera llevar a la anulación del contrato por el que se compraron las cuotas y, como consecuencia, a la devolución de lo pagado, como se ha resuelto ya en varios casos en juzgados tanto de Alicante como de las otras dos provincias de la Comunidad.
A falta de conocer con precisión los argumentos esgrimidos por el fiscal, todo induce a pensar a que en su ánimo debe haber pesado el resultado del informe que, precisamente a instancia suya, encargó el juez a inspectores del Banco del España sobre la contabilidad de la caja de ahorros para la pieza en la que está imputada la última cúpula directiva de la entidad.
En su estudio, los auditores descartan irregularidades en la emisión de las cuotas y las centran en las operaciones de compra-venta posteriores, las referenciadas a los valores de los años 2009 y 2010, cuando concluyen que se falsearon las cuentas de la entidad para anotar beneficios donde había pérdidas.
El planteamiento del fiscal de archivar la pieza de las cuotas se produce apenas dos semanas después de que, a petición del abogado de la Fundación CAM, el juez acordara llamar al procedimiento como responsable civil subsidiario al Banco Sabadell, heredero del negocio financiero de la CAM. Una decisión que ya han recurrido los servicios jurídicos de la entidad catalana, tal y como ayer informó este diario, por entender que no tiene responsabilidad alguna en la comercialización de estos productos al no haber obtenido beneficio de ellos además de que no formaban parte del patrimonio segregado, según apuntan en sus alegaciones.
