La sangría que está provocando el Centro de Formación en Prevención de Riesgos Laborales y Oficios sobre el balance de Coepa es un hecho a estas alturas. Lo peor es que, lejos de frenarse, suma y sigue. Tanto es así que, según las cifras que manejan a día de hoy en determinados círculos empresariales, los impagos del préstamo que concedió el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para la construcción de la última fase de las instalaciones rondan ya los 500.000 euros, después de casi dos años sin que se hayan abonado las cuotas, prácticamente el mismo tiempo que el complejo lleva cerrado. La organización siempre se amparó a la hora de justificar la clausura en la reducción de las subvenciones recibidas para impartir los cursos en esas instalaciones. En cuanto al capital pendiente de amortizar, se sitúa en el entorno de los 2,8 millones de euros.
El acta del comité ejecutivo y de la junta directiva de Coepa ya recogía el 3 de octubre de 2012 una intervención del presidente de la confederación, Moisés Jiménez, en la que informaba de que, durante una reunión con el director general del IVF, se le entregó en mano un escrito en el que se le comunicaba la «imposibilidad» de seguir haciendo frente al crédito que se firmó «para suplir la falta de pago de la Generalitat».
Posteriormente, en el cierre de las cuentas de 2012 y el informe de gestión de ese mismo ejercicio, Coepa indicaba que las existían pendientes de pago cuotas de ese crédito por importe de 225.000 euros. Ahora, en el balance del cierre de 2013 que pasará por la asamblea general del próximo lunes, se habla de cuotas impagadas por 375.000 euros, a las que se sumarían las cuotas devengadas en lo que va de este año. De hecho, la patronal se excusa en el informe económico de 2013 diciendo que «la caja generada durante el ejercicio no ha sido suficiente para el pago de sus obligaciones financieras».
En cualquier caso, tanto las cuentas de 2013 como fuentes de la Generalitat corroboran que, en estos momentos, continúan las conversaciones para la entrega de ese activo y la cancelación de todas las deudas asociadas al edificio. La idea inicial, en este sentido, después de meses y meses de negociación, era tener un principio de acuerdo formal antes del verano, según indicaron en Semana Santa desde el Consell. Sin embargo, parece que, al menos por ahora, no hay ningún avance al respecto, más allá de la dación en pago proyectada, que permitiría al Ayuntamiento de Alicante quedarse con el inmueble -el suelo es propiedad municipal- a cambio de renunciar a una parte de la deuda que la Generalitat mantiene con la Administración local. El importe dependerá de la tasación que se haga de las instalaciones. Con ello, la patronal conseguiría soltar lastre y sanear sus cuentas al cancelarse las deudas.
No obstante, el principal escollo con el que se han topado las negociaciones en este tiempo es el peligro que planea de tener que devolver parte de las ayudas de la Generalitat y de fondos europeos que se han ido recibiendo, y que estaban supeditadas a que el complejo se destinara a la formación.
Sin ir más lejos, la organización que dirige Moisés Jiménez, en el informe que recoge la situación financiera al cierre de 2013, avisa del riesgo y de los perjuicios que podría ocasionar de darse esta situación. «Debido a que la construcción de dicho centro se benefició de subvenciones que estaban condicionadas al uso de las instalaciones para actividades formativas, en todas las soluciones que se barajan en cuanto a la entrega de estos activos es condición necesaria que se mantenga adscrito dicho edificio a la actividad de formación, con el fin de mantener para tal fin las subvenciones recibidas a tales efectos», puntualiza literalmente el documento.
No se queda ahí. Coepa no sólo admite que el edificio se tiene que dedicar única y exclusivamente a la formación, sino que llama la atención sobre las letales consecuencias que tendría un eventual reintegro de las ayudas para su balance. «De darse el caso de estar obligado a la devolución de las subvenciones recibidas, que en su momento ascendieron a 3,8 millones de euros, la confederación vería reducido su patrimonio y tendría que reconocer un nuevo pasivo por dicho importe, lo que podría condicionar de forma determinante el futuro de la confederación». Lógicamente, no concreta cuál sería ese futuro, pero con un balance que a 31 de diciembre registró fondos propios negativos por 1,2 millones de euros, el doble que al cierre de 2012, cuando ya se llegó a los números rojos, la respuesta es obvia. Tampoco mencionan el importe a devolver, pero entre el empresariado alicantino se habla desde hace unos meses de ayudas a reintegrar que llegarían a los 1,9 millones si no se mantiene la filosofía con la que nació en el inmueble.
No sólo las ayudas establecen como condición que el centro se dedique a cursos. La confederación admite en la memoria económica de 2013 que el Ayuntamiento de Alicante cedió de forma gratuita esos terrenos situados en el polígono de Babel por un plazo de 30 años prorrogables «siempre que dicho centro se destine a usos formativos».
En el balance de 2013, de todos modos, la patronal confía en que la finalidad se mantenga una vez se cierre ese acuerdo multilateral, por lo que acaba considerando que son subvenciones no reintegrables a efectos de las cuentas.
