Por si Coepa tuviera ya poco con lo que tiene, ayer salieron a la luz en la junta directiva celebrada en IFA la existencia de ayudas de finales de los años noventa que, según se puso de manifiesto en la sesión, podrían venir del Impiva y que estaban destinadas al edificio de la plaza Ruperto Chapí. Lo peor es que, por lo que se evidenció en la reunión, no hay rastro contable de esas ayudas, y que se sacan precisamente ahora que la organización que dirige Moisés Jiménez da prácticamente por cerrada la venta del edificio a un fondo inversor, en una operación que ronda los 2,35 millones. Además, este hecho llega después de que, desde determinados círculos, se hayan venido quejando de no se han contabilizado correctamente las subvenciones de capital en los últimos tiempos, y tras las demandas que interpuso en el juzgado Fempa en 2006 y 2009 por este mismo motivo.

Las principales dudas giraron en torno al destino de esas ayudas, si iban a la adquisición o la reforma del inmueble, o si incluso tenían carácter finalista y reintegrable, con las consecuencias que ello podría tener ahora para la venta del edificio. La cosa, además, no acaba ahí, hasta el punto de que, según criticaron algunos empresarios, y por lo que se dijo en la sesión, esas ayudas no están reflejadas en las cuentas ni en los informes. La cúpula de la patronal intentó apoyarse en las riadas de finales de los años noventa para justificar la desaparición de cualquier rastro al respecto, y hasta intentó quitar hierro al asunto, diciendo que 20 años era mucho tiempo, y que alguno de ellos por aquel entonces todavía iba en «pantalón corto». En cualquier caso, desde el sector más oficialista incidieron en que las ayudas no eran reintegrables y que ya había prescrito. Mientras, la auditora se limitó a decir que no tenía ningún tipo de información al respecto.

Estos argumentos no convencieron a todos los presentes, porque había quien señaló que estaba cuestión acababa afectando a los resultados y a los fondos propios. Al final, la propuesta para vender el edificio salió adelante con la abstención de Cepyme y de los representantes de la patronal del metal Fempa, que alegaron que no querían bloquear la operación, pero que tampoco podían votar a favor tras haber tenido conocimiento de la aparición de estas aportaciones.

A pesar de todo, según fuentes oficiales, la transacción se firmará en los próximos días, y, según destacaron desde la cúpula de Coepa, «contribuirá a mejorar la tesorería y a reducir la carga financiera de la entidad». De momento, tampoco se dijo ante la junta el nombre del comprador, y avalaron esta decisión en que, en caso de hacerlo público, se podría frustrar la venta.

La junta directiva fue menos agresiva que en otras ocasiones, aunque no faltaron los choques entre el sector oficialista y el presidente de Cepyme y vicepresidente estatutario de Coepa, Cristóbal Navarro, sobre todo porque este último siguió manteniendo que Moisés Jiménez había argumentado su negativa a que entrara en la comisión encargada de la reforma estatutaria en que «no era de fiar». Ya entonces Navarro pidió que constara en el acta que consideraba ese comentario un atentado a su derecho al honor, y ayer mantuvo esta postura. De hecho, desde el primer momento el dirigente de las pymes mostró su malestar por esas palabras que consideró un ataque frontal contra su persona y anunció que recurriría a los tribunales.